Jueces de todo el Estado descalificaban e insultaban a independentistas a través del correo oficial del CGPJ

Jueces de todo el Estado descalificaron el movimiento independentista a través del correo electrónico oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde principios de septiembre y hasta la negativa de Alemania de extraditar a Carles Puigdemont, según informan este miércoles 'Elmon.cat' y 'Eldiario.es'. Ambos medios han tenido acceso a miles de correos electrónicos en que jueces de toda España opinan sobre el proceso independentista bien sea insultando a los líderes políticos que lo encabezaban –muchos de los cuales ahora en prisión preventiva o exiliados- bien sea calificando penalmente acciones como las del 20 de septiembre, que en alguna ocasión se tilda abiertamente de sedición. El PDeCAT ya ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente de la ministra de Justicia al Congreso para que dé explicaciones.

A los correos electrónicos, enviados desde la cuenta corporativa del CGPJ, algunos magistrados se muestran preocupados por la situación en Catalunya ya a principios de septiembre, y preguntan, por ejemplo, qué pasaría a los compañeros que ejercen en caso de que se declarara la independencia.

Algunos afirmaban que habían tenido acceso a testimonios «desgarradores» sobre la situación que se vivía en aquellos días en Catalunya, pero confiaban en que el Estado sabría imponerse a lo que consideraban un desafío al estado de derecho.

Hay que afirman haber ejercido en Cataluña, y que desde el 2012 se había creado una situación de inoculación de odio a la sociedad desde las fuerzas independentistas, «por lo cual» lo que tenía que pasar después «se veía venir».

Otros jueces van más allá y no dudan a comparar el movimiento independentista con el nazismo, afirmando que en Catalunya podía pasar «lo mismo que pasó en Alemania en épocas remotas».

Una jueza que ejerce en Barcelona afirma que la situación se ha radicalizado desde el 2006 y se plantea marcharse para que no señalen sus hijos para no apuntarse en «la cadenilla humana, la V y no sé qué idioteces más que se inventan para el 11-S». En todo caso, la misma jueza se mostraba convencida de que no tenía que pasar nada si la CUP no generaba «episodios de violencia». Estos correos son del 13 de septiembre, una semana antes del asedio que la Policía Nacional hizo en la sede del partido anticapitalista sin orden judicial.

También hay magistrados –en la cadena de correos electrónicos intervienen jueces de todo el Estado- que opinan que el proceso es una cortina de humo del nacionalismo para proteger lo que consideran sus privilegios. Un juez de Euskadi considera que la situación que se vive en Cataluña es similar a la que se había vivido en el País Vasco y recomienda «demostrar valentía».

Otros denuncian que el «germen nacionalista» lo«impregna» todo, o afirman que Catalunya sería más bonita «si no fuera por la gripe separatista». Piden que se aplique «con rigor y contundencia» el Código Penal.

Después del 20 de septiembre otro magistrado escribe que lo que se ha vivido ante el Departamento de Economía ha sido «la mayor crisis constitucional desde el 23-F» y un colega suyo lo tilda abiertamente de «sedición». Una semana después, el mismo magistrado afirma que lo han amenazado y asegura que lo que pasa en Catalunya es «puro nazismo».

Después del 1 de octubre, algunos de los correos justifican el uso de la fuerza policial y critican las voces contrarias a que han surgido desde Europa. Otros lamentan la actitud de los Mossos d'Esquadra, afirmando que «tendieron una trampa» a Guardia Civil y Policía Nacional. Una magistrada alerta que al fin y al cabo «va más allá de una cuestión política, es una cuestión de Estado y de democracia».

Otro asegura que el independentismo tiene el Estado «cogidos por los huevos» y alerta que «como uno siga sin hacerse nada eso nos llevará a la pérdida del territorio nacional o a una guerra civil».

La difusión de los correos ha empezado a generar reacciones, de las primeras de las cuales las del PDeCAT, que han anunciado que pedirán la comparecencia urgente de la ministra de Justicia al Congreso para dar explicaciones. El PDeCAT también denunciará el caso en la Fiscalía y propondrá la creación de una Comisión de investigación al Congreso. El Partido Demócrata considera «gravísimas y aberrantes» estas revelaciones, que certifican la «persecución ideológica» del independentismo catalán y la «total indefensión e inseguridad jurídica en el Estado». Opina, además, que tendrían que comportar «la anulación inmediata» del proceso judicial contra los dirigentes independentistas.

También está reaccionado Carles Puigdemont, que ha afirmado que el hecho es tan grave que si no hay consecuencias, «el sistema judicial español de la monarquía hará aguas definitivamente». Y se pregunta: «En manos de quién está uno de los pilares de todo sistema democrático»?.