Casado apunta a una posible ilegalización de los partidos independentistas «si justifican la violencia»
El líder del PP quiere eliminar la financiación de las fuerzas que «contribuyan a la confrontación en la calle»
Casado asegura que «el independentismo es violento y siempre lo ha sido»
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado partidario este lunes de aplicar medidas drásticas contra las fuerzas independentistas que, a su entender, justifiquen acciones violentas como las que algunos medios españoles atribuyen a los CDR. Después del discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, agradeciendo a los CDR su tarea, Casado ha recordado que «cualquier partido que atice la violencia, o no la condene o la justifique, en base a la Ley de partidos ya podría estar incurriendo en una posible sanción que puede llegar hasta la ilegalización». Además, ha recordado que su formación quiere modificar la Ley de partidos para que «aunque eso no pase, cualquier asociación o partido que esté contribuyendo a esta confrontación en la calle no tenga ningún recurso por parte de nuestros impuestos». También ha defendido una modificación de la Ley de acción exterior de manera que «cualquier CCAA que abra una oficina comercial, mal dicha embajada, y que no se atienda a la tarea comercial o turística, pueda ser cerrada».
Casado ha hecho estas manifestaciones durante el turno de preguntas en su intervención en el Foro ABC Deloitte, donde ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después del discurso donde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cruzado «una línea roja diciendo a la 'kale borroka' que tiene que seguir empujando, incitando la confrontación a la calle y apaleando las fuerzas y cuerpos de seguridad».
En este marco ha defendido que hay «elementos suficientes» para aplicar un nuevo 155 y ha vuelto a ofrecer a Sánchez la mayoría absoluta del PP en el Senado. Este 155, ha dicho, tendría que tener «la duración y una amplitud competencial que haga falta» y que el control no se ejerza a través de los ministerios sino de consellers y equipos designados directamente por el gobierno español.