La familia de Franco pide enterrarlo con honores militares en la Catedral de Almudena

La familia del dictador ha presentado un escrito de alegaciones delante del Ministerio de Justicia donde se opone a la exhumación de Franco que está sacando adelante el gobierno español. Al escrito, enumeran la serie de irregularidades que, según la familia, supone sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Apuntan que el real decreto que lo ha permitido es inconstitucional, que se vulneran derechos fundamentales a la intimidad personal y el de libertad religiosa y que se incurrirá –en caso de materializarse- en un delito de profanación de cadáver. Sin embargo, avanzan cuáles serán las exigencias de la familia si tienen que sacar el cadáver del dictador. La familia apuesta para enterrarlo en la cripta familiar que tienen en la Catedral de Almudena, en el centro de Madrid, y que se le rindan honores militares.

Uno de los nietos del dictador, Francisco Franco Martínez-Bordiú, ha presentado ya las alegaciones a la exhumación de Franco, tal como publica la web de la Fundación Francisco Franco.

La familia se opone a sacar los restos de su familiar pero avanza cuál será el escenario deseado en caso de que no se estimen las alegaciones presentadas delante de la subsecretaría del Ministerio de Justicia. Piden que el cadáver embalsamado de Franco se entregue de manera inmediata a la familia a fin de que lo entierre en la cripta que la familia tiene en la Catedral de Almudena, en pleno centro de Madrid y junto al Palacio Real.

En más, piden en el gobierno español que cumpla el reglamento de honores militares (aprobado en el 2010) y que en el entierro se le rinda este homenaje, que, entre otros, prevé la interpretación del himno español, la posibilidad de desfile militar y del lanzamiento de una salva de cañones, entre otros.

El decreto –aprobado con Carme Chacón al frente de Defensa- establece como destinatarios de tales honores fúnebres al rey, la familia real y los niños; el presidente del gobierno español; el ministro de Defensa; el jefe del Estado Mayor de la Defensa; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a oficiales generales, entre otros.

Un decreto «inconstitucional»

La familia del dictador considera que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que modifica la Ley de memoria histórica y permite la exhumación es inconstitucional. Apuntan que no está justificada la urgencia ni la especial necesidad. El decreto cambia un párrafo de la Ley de memoria de 2007 para introducir que en el Valle de los Caídos sólo pueden ser enterrados personas que murieron en la Guerra Civil.

También consideran que la medida vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar porque el gobierno español «impone a la fuerza» la exhumación aunque la familia se opone y es la «titular de este derecho fundamental». Consideran también que la exhumación se hace por «motivos ideológicos» y, por lo tanto, eso vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.

En el escrito, también defienden que la basílica que acoge los restos del dictador «tiene garantizada su inviolabilidad» según los acuerdos del Estado con la Santa Sede en 1979. Asimismo, alegan que la iniciativa del gobierno español invade competencia de la Comunidad de Madrid con respecto a sanidad mortuoria y una «invasión legal» de las competencias de la familia para decidir si se exhuma.

Además, subrayan que se puede incurrir en el delito de profanación de cadáver recogido en el Código Penal.

Críticas en el gobierno español

En el escrito de alegaciones, uno de los nietos de Franco carga duramente contra la decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez y lo considera un «atropello» a la familia. También lo califica como una «monumental infracción de preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico» y chapuza colosal desde el punto de vista jurídico. Según el nieto, el ejecutivo socialista actúa «con un ánimo de venganza».

Asimismo, solicitan la recusación de la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, porque consideran que no es neutral para llevar este caso, que cuelga de su departamento.

En el procedimiento administrativo iniciado por el gobierno español prevé que la familia presente alegaciones y comunique dónde quiere que sea enterrado el dictador. En caso de que no haya acuerdo entre todos los familiares, será el mismo gobierno español quien decidirá dónde inhuma los restos.