Mas defiende al juicio del 9-N que era «el más normal del mundo» modificar el presupuesto para comprar 7.000 ordenadores

El expresidente del Gobierno Artur Mas ha defendido durante el juicio en el Tribunal de Cuentas que el 9-N lo organizaron los voluntarios y que no se gastó dinero público específicamente para este objetivo. Además, ha defendido que era lo «más normal del mundo» modificar el presupuesto para comprar los 7.000 ordenadores usados el 9-N. El expresidente ha defendido que en el presupuesto del 2014 se hicieron 1.414 modificaciones de partidas por valor de 1.250 MEUR y que la de los ordenadores (con un coste de 2,8 MEUR) era una más. Ha afirmado que los ordenadores se adquirieron para las «necesidades del servicio educativo» y que tuvieron un uso «puntual y para dos días» para el proceso participativo. Además, ha recordado que en los juicios en el TSJC y en el Supremo decayó la acusación por malversación y ha defendido que no cometieron ninguna ilegalidad después de la suspensión del TC. Mas ha dicho que cambiaron de objetivo e impulsaron «un proceso participativo hecho por 40.000 voluntarios y no una consulta». «La finalidad política era la misma pero la jurídica y la económica completamente diferente», ha defendido. También ha dicho que no hicieron memoria económica ni ningún decreto porque el 9-N «lo hicieron los voluntarios y no necesitaba cobertura jurídica».

El expresidente Mas ha sido el primero de los investigados a responder las preguntas del abogado de Sociedad Civil Catalana, Manuel Villalobos, del abogado del Estado, del fiscal jefe del tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, y de su propio abogado, Rafael Entrena. La declaración de Mas ha redundado en los argumentos ya esgrimidos al juicio del TSJC, aunque el Tribunal de Cuentas sólo analiza la posible responsabilidad contable.

Durante su declaración, Mas ha defendido que en un primer momento impulsaron una consulta que contaba con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias pero que, después de la suspensión del Tribunal Constitucional, variaron el objetivo impulsar un proceso participativo impulsado por 40.000 voluntarios. «Buscamos una solución imaginativa para poder consultar a la sociedad siguiendo un mandato parlamentario», ha explicado.

Justifica la compra de ordenadores

En todo momento, ha dicho que la organización recayó en los 40.000 voluntarios y que no hubo gastos públicos concretos para este proceso participativo. Sí ha reconocido que apoyo logístico lo dio la administración de la Generalitat. Sobre la compra de 7.000 ordenadores, el expresidente ha defendido que la partida ya estaba prevista al presupuesto del 2014, aunque no contaba con dotación económica. Posteriormente, se modificó y se destinaron 2,8 MEUR a comprar unos ordenadores que se utilizaron el 9-N pero que Mas sostiene que tenían como objetivo «responder a las necesidades del sistema educativo».

El expresidente ha reconocido que se utilizaron durante la jornada del proceso participativo pero que a día de hoy, cuatro años más tarde, siguen estando en las aulas. También ha detallado que esta modificación fue una de las 1.414 que se hizo en el presupuesto del 2014.

Además, ha dicho de lo que firmó ningún decreto ni se hizo ninguna memoria de gastos sobre el 9-N porque las votaciones, según el expresidente, las organizaban los voluntarios. Sobre el alquiler de la sala de prensa para hacer las comparecencias, Mas ha dicho que el Gobierno tenía «la obligación de informar» ya que había «centenares de periodistas acreditados ante un hecho muy importante».

El TC no hace ninguna aclaración

El expresidente Mas ha explicado que después de recibir la resolución del TC pidieron una «aclaración» porque no sabían qué tenían que suspender y ha recordado que ya había contratos firmados y que echarlos atrás podía suponer un sobrecoste. Ha recordado que el tribunal no los respondió aunque faltaban pocos días para la fecha fijada y ha remarcado también que «ningún juez ni ningún fiscal detuvo las votaciones». «Si tan delictiva era, como después se dijo después, por qué ningún juez ni ningún fiscal actuó para detener aquel delito», se ha preguntado.