El PP pide repetir juicio de la Gürtel que consideró probada la Caja B del partido

El Partido Popular ha pedido al Tribunal Supremo que anule la sentencia del caso Gürtel, que dicte una en la cual absuelva el PP como partícipe a título lucrativo o, en su defecto, que se repita el juicio por un tribunal «sin apariencia de parcialidad».

En su recurso, en que ha tenido acceso Efe, el PP plantea también la opción que la misma sala que dictó la sentencia redacte otra «con un relato de los hechos probados falto de indeterminación y contradicción».

Los populares han presentado un escrito muy duro contra la sentencia y, en concreto, contra el juez José Ricardo de Prada. Se consideran víctimas de «un auténtico juicio paralelo falto de toda garantía y de toda justificación».

Sostiene el PP que la sentencia «ha lesionado injustificadamente su honor, bien capital para que un partido político pueda perseguir sus legítimos bienes constitucionales» y lo atribuye a la «falta de imparcialidad subjetiva» o, al menos, «falta de apariencia de imparcialidad subjetiva» del tribunal.

La sentencia de la Audiencia Nacional dio por probada la existencia de una caja B en el PP desde al menos 1999 y puso en duda la credibilidad del testimonio del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PP afirma que los magistrados hicieron alusiones a una posible responsabilidad penal del PP que era irrelevante para el proceso, incluyeron hechos que eran «fuera de su conocimiento» y lo hicieron vulnerando varios derechos constitucionales.

«La atribución falsa de un delito o de su posibilidad es especialmente grave si proviene de un tribunal penal», asegura el partido que dirige Pablo Casado, que recuerda que los partidos políticos tienen honor, un bien extraordinariamente preciado en los partidos.

Los populares argumentan que el partido llegó a la causa como «uno mero y muy parcial partícipe a título lucrativo» y finalmente salió de ella con una sentencia en la cual se le atribuyó delitos «que no ha cometido, que no juzgaba y de los cuales no se ha podido defender en absoluto».

La financiación del PP o un posible soborno no se juzgaba no sólo porque en el momento de los hechos no era regulada la responsabilidad penal de los partidos políticos, sino porque «nadie consideró cuando menos en su acusación que fuera destinatario o ningún beneficiario de soborno».

Sin embargo, aunque no formaba parte del objeto del proceso y aunque no había ninguna acusación al respecto, la sentencia, «en una actitud impropia de un órgano judicial propio de un Estado democrático», afirma que el PP pudo cometer dos delitos: soborno pasivo o financiación irregular.

Aprovecha el partido para negar la existencia de la contabilidad oculta, pero añade que peor que estas afirmaciones fueron las «indirectas y directas» relativas a la posible comisión de delitos.

«Lo ocurrido tiene una gravedad excepcional en términos de garantías constitucionales básicas», expone el PP en un argumento en el cual lo compara con el ocurrido con el caso de un inquilino de un piso barato porque este inmueble procediera de actividades ilícitas y fuera condenado -sin acusación previa- de narcotráfico, financiación del terrorismo o trata de personas.

El PP aprovecha para recordar que antes de la redacción de la sentencia se cuestionó «la suficiente parcialidad objetiva» del magistrado José Ricardo de Prada «por su conocida amistad» con el exjuez Baltasar Garzón.

Añade como «circunstancia sobrevenida» que De Prada haya sido elegido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como miembro de la comisión para estudiar el restablecimiento de la Justicia Universal.

«Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español», añade el PP.