Diari Més

Ordenan la administración judicial d'IOA y Health 2015 para garantizar la atención a los usuarios de iDental

La Audiencia NAcional investiga a los gestores de las firmas por presunto desvío de fondo

Una patrulla de los Mossos D'Esquadra y un furgón de la Policía Nacional delante de la clínica iDental de Tarragona, donde realizan entradas para recoger documentación.

Mossos y Policía Nacional hacen registros a iDental para recoger documentaciónJosep Pedrol

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la administración judicial de las entidades Instituto Odontológico Asociados (IOA) y Health 2015 para asegurar la atención a los usuarios de iDental, la continuidad de los tratamientos y las actividades habituales de ambas sociedades y de las clínicas que gestionan, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los inversores. De la Mata acuerda la medida en el marco de las diligencias donde investiga a los directivos de las clínicas iDental y, en este caso, una segunda estructura relativa a la actuación de los administradores y gestores d'IOA por el presunto desvío de los fondos captados de inversores que se tenían que destinar a la expansión de las clínicas dentales.

Los delitos investigados, según se indica desde la Audiencia Nacional, son los de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, levantamiento de bienes y blanqueo de capitales.

De la Mata ha designado como administrador judicial por seis meses la firma auditora Deloitte por la experiencia en la administración judicial de las entidades del Grupo Vitaldent y en la gestión para restablecer empresas del sector de clínicas dentales en situación de crisis empresarial económico-financiera, han indicado las mismas fuentes.

Desde la Audiencia Nacional también se explica que esta medida tiene como objetivo proteger el patrimonio d'IOA, y que se adopta en beneficio y por la seguridad de los derechos y expectativas de los usuarios de los servicios de esta firma, de los trabajadores de la empresa o grupo de empresas y de los inversores que puedan haber resultado perjudicados.

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