El Supremo decidirá en un pleno el 5 de noviembre quién paga finalmente el impuesto de las hipotecas

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luís María Díez-Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno que tiene que fijar el criterio definitivo sobre quien paga finalmente el impuesto de las hipotecas, si el banco o el cliente. La fecha se ha acordado después de una reunión de urgencia de más de tres horas al más alto nivel, en la que han tomado parte el presidente del Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, el vicepresidente del Supremo, Àngel Juanes, los seis magistrados que dictaron la sentencia de la semana pasada (que determinaba que el impuesto lo pagaba el banco, y no el cliente) y el presidente de la Sala Tercera. En un comunicado, Lesmes defiende la actuación de los magistrados y también del presidente de la Sala Tercera y destaca que está entre sus «atribuciones legales» llevar el tema al pleno.

La incertidumbre jurídica sobre quien tiene que pagar el impuesto de las hipotecas se mantendrá al menos hasta el 5 de noviembre. Es la fecha que ha fijado al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luís María Díez-Picazo, para evaluar al pleno qué jurisprudencia se da por buena, si la que se viene aplicando desde febrero (que el impuesto lo paga el cliente) o la fijada en la sentencia de la semana pasada, donde se determina que el impuesto lo paga el banco. El pleno está formado por 31 magistrados y tendrán que decidir cuál es el criterio que impera.

La fecha se ha acordado en una reunión de urgencia y al más alto nivel que se ha celebrado en el Tribunal Supremo. Al final, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha emitido un comunicado donde remarca que las sentencias son firmes y «no susceptible de revisión».

También revela que, aparte de la sentencia del jueves pasado, las mismas partes también deliberaron, votar y fallar dos sentencias más que tenían el mismo objeto pero que todavía no se han notificado. Fuentes del tribunal apuntan que estas sentencias también fijarían que el impuesto lo tiene que pagar el banco.

Lesmes defiende la actuación de los magistrados

En el comunicado, además, Lesmes defiende la actuación de los seis magistrados que han dictado la sentencia y del presidente de la Sala Tercera, que ha decidido frenar la decisión y llevarla al pleno. «Han actuado en todo momento con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables en este caso», remarca el máximo responsable de los jueces españoles.

Asimismo, Lesmes afirma que llevar al pleno «asuntos pendientes y no resueltos» sobre esta materia forma parte de las «atribuciones legales» del presidente de la sala, y que será el pleno quien tendrá que tomar la última decisión.

Ni 24 horas con el nuevo criterio

El jueves pasado, los seis magistrados de la sección segunda fijaron en una sentencia un cambio de criterio sobre quien tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que graba las escrituras de las hipotecas. El Supremo había determinado en febrero que lo pagaba el cliente pero, en una nueva sentencia que resolvía un recurso de la entidad municipal de vivienda del ayuntamiento madrileño de Rivas Vaciamadrid, resolvió el contrario: los gastos los tiene que pagar el banco.

Esta sentencia es firme y no se puede revisar, pero ante el estruendo que ha provocado en la banca y la bolsa, el presidente de la Sala Tercera ha decidido llevar la decisión al pleno. Díez-Picazo no tardó ni 24 horas en hacer una maniobra para frenar la aplicación de esta sentencia y emitió un comunicado el viernes donde anunciaba que llevaba esta decisión al pleno de la Sala Tercera para debatir cuál era la jurisprudencia que se tenía que aplicar, si la de febrero (los impuestos los pagan los clientes) o la de esta semana pasada, que el impuesto repercute en el banco.

El presidente argumentaba que el tema se lleva al pleno porque supone «un giro radical» en el criterio de jurisprudencia y tiene una «enorme repercusión social y económica», y ahora el presidente del Supremo bendice su decisión.

Para hacerlo, Díez-Picazo ha dejado en suspense todos los recursos de casación pendientes sobre un objeto similar. El pleno, sin embargo, escogerá uno y lo llevará a debate «con el fin de decidir si este giro jurisprudencial tiene que ser o no confirmado».

Peticiones de dimisión

La decisión de llevar al pleno una sentencia que ya es firme ha provocado quejas de asociaciones de fiscales y jueces de cariz progresista. La Asociación Jueces y Juezas por la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales han exigido la dimisión del presidente de la Sala Tercera para considerar que su actuación es «insólita» y le reprochan que tendría que haber llevado el tema a lleno en enero cuando firmó la admisión a trámite del recurso del ayuntamiento madrileño. Es decir, apuntan que ya tenía conocimiento que este recurso se tenía que resolver y que podía suponer un cambio de criterio. Además, apuntan que la actuación daña la imagen de la independencia judicial. También ha exigido explicaciones la asociación judicial Francisco Vitòria.