La Abogacía del Estado pide 12 años para Junqueras y 11 y medio para los exconsellers encarcelados por sedición y malversación

La Abogacía del Estado ha pedido 12 años de prisión para el exvicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y 11 años y medio para el resto de exconsellers encarcelados: Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. A todos ellos los acusa de sedición y malversación pero descarta la rebelión y, por lo tanto, la existencia de un alzamiento violento. Este organismo depende directamente del gobierno español y ha marcado perfil propio desmarcándose de la Fiscalía, que acusa por rebelión con penas que llegan a 25 años en el caso de Junqueras. Además, también rebaja sustancialmente la petición respecto de la Fiscalía en el caso de Carme Forcadell, para a quien pide 10 años por sedición. En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pide 8 años de prisión por sedición. Para el resto de exconsllers en libertad (Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó) pide 7 años por malversación y multas por desobediencia. En el caso de los miembros de la Mesa y de la cupaire Mireia Boya también acusa por desobediencia y solicita sólo multas.

El gesto que los partidos independentistas pedían al gobierno español ha llegado a través del escrito de la Abogacía del Estado. Este organismo depende del Ministerio de Justicia y se persona en causas donde cree que tiene que defender los intereses de Hacienda por malversación de fondos públicos. Por lo tanto, su posicionamiento se rige estrictamente por las órdenes directas del gobierno español, a diferencia de la Fiscalía que es un organismo autónomo (aunque el cargo de fiscal general está escogido directamente por el gobierno de turno).

En el caso del Supremo, la abogacía del Estado se personó por la investigación de un supuesto delito de malversación, aunque la abogacía también se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía en el caso de las prisiones preventivas.

Ahora, con la acusación por sedición y no por rebelión (cómo es el caso de la Fiscalía General del Estado) el gobierno español entiende que el 1-O no existió violencia y se decanta por un «alzamiento tumultuario». Este cambio de posicionamiento de la abogacía del Estado supone que las dos principales acusaciones en el juicio del proceso no vayan de la mano.

Penas más bajas que la Fiscalía

La Abogacía del Estado solicita, en total, 114 años de prisión para los acusados en el Tribunal Supremo. Mientras que la petición de la Fiscalía asciende hasta los 177 años. Por lo tanto, entre una acusación y la otra hay 63 años menos de diferencia.

El órgano diferencia entre tres niveles de acusación. Arriba del todo, sitúa a Oriol Junqueras y los exconsellers encarcelados a quienes acusa por malversación y sedición por considerar que tuvieron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias» para celebrar el 1-O. Para el exvicepresidente pide 12 años de prisión y para los exconsellers encarcelados Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa 11 años y medio. En el caso de la Fiscalía, la petición para Junqueras es la más alta y llega a los 25 años y en el caso del resto de exconsellers encarcelados de 16 años.

Hace diferencias con los tres exconsellers que están en libertad provisional: Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. La Abogacía solicita para ellos 7 años de prisión por malversación y multa por desobediencia grave por autoridad pública. Pide también inhabilitaciones absolutas de hasta 10 años y de 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para ejercer cargo público. En este caso, la petición de penas de prisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado coinciden y se centran únicamente en el delito de malversación (ya que la desobediencia no comporta prisión, sólo multas). En cambio, la Fiscalía pide inhabilitaciones absolutas de hasta 16 años.

En un segundo grupo sitúa a los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, a quien pide 8 años de prisión por sedición por «inducir, sostener y dirigir» pero sin contar con la condición de autoridad que sí tienen los exmiembros del Gobierno. Por eso, la petición de años es menor. También solicita una inhabilitación de 8 años. En el caso de la Fiscalía, la petición de pena de prisión es de 17 años.

En un tercer grupo sitúa a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión por sedición y los mismos de inhabilitación por un delito de sedición. En su caso, la pena es más alta porque sí tenía condición de autoridad cuando se produjeron los hechos. En el caso de la Fiscalía, la petición es de 17 años.

En el caso de los exmiembros soberanistas de la Mesa y de la cupaire Mireia Boya la petición entre las dos acusaciones coincide. La Abogacía del Estado considera a Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet como autores de un delito de desobediencia grave para lo que solicita multa de 30.000 euros (24.000 euros para Nuet) y una inhabilitación para cargo público de 1 año y 8 meses (1 año y 4 meses para Nuet).

En el caso de Boya, la inhabilitación también es de 1 año y 4 meses (más baja que para los miembros de la Mesa, menos Nuet) y la multa solicitada de 24.000 euros. En este caso, sí que hay una leve diferencia con la Fiscalía, que solicita una multa de 30.000 euros e inhabilitación de 1 año y 8 meses.

Consecuencias políticas

Los partidos independentistas pedían a Pedro Sánchez como gesto para negociar los presupuestos que instara la Fiscalía a rebajar o retirar las acusaciones contra los líderes del proceso. Sin embargo, el vicepresidente, Pere Aragonès, había dicho abiertamente que también verían como bueno este «gesto» si se hiciera a través de la abogacía del Estado.

La decisión del gobierno español de acusar por sedición y no por rebelión ha provocado ya reacciones críticas de PP y Cs. A través del Twitter, el líder de los populares, Pablo Casado, ya tildó el jueves la decisión «de indecente» y suponía una «humillación» para los españoles. Por parte de Cs, Albert Rivera, hablaba de una maniobra «inmoral» y apuntaba que habría indultos.

Diferencias entre rebelión y sedición

El delito de rebelión está recogido en el artículo 472 del Código Penal y exige un alzamiento violento y público para determinados objetivos, entre ellos el de declarar la independencia de una parte del territorio. Las penas máximas pueden llegar a los 30 años de prisión para los considerados líderes de la rebelión y siempre que se hayan esgrimido armas. Las penas mínimas son de 5 años para los que únicamente han participado.

En cambio, el delito de sedición (recogido en el artículo 544) se atribuye a los que se alzan «pública y tumultuariamente» para impedir, ya sea por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o de cualquier autoridad o funcionario público que tenga que ejercer sus funciones o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones judiciales. En este caso, el tenedor de penas se mueve entre los 4 y los 15 años de prisión para aquellos que hayan dirigido la sedición y sean autoridad.

En los dos casos, además, las penas comportan una inhabilitación absoluta para los mismos años.

Peticiones que pueden cambiar al final del juicio

Las que se han dado a conocer este viernes son conclusiones provisionales y, por lo tanto, las acusaciones solicitan unos delitos y unas penas antes de empezar el juicio oral, que está previsto que arranque en enero. Una vez la Fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación popular (ejercida por VOX y que presentará los escritos lunes) hayan escuchado los interrogatorios a los acusados, hayan declarado testigos y se hayan aportado pruebas, hará falta que elaboren las conclusiones definitivas. Será entonces cuando tendrán la opción o bien de mantener las peticiones de penas o de rebajarlas y cambiar también la calificación del delito.