El pleno del Supremo sobre las hipotecas acaba sin acuerdo y se aplaza a mañana

El lleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no ha conseguido llegar a ningún acuerdo sobre el impuesto de las hipotecas. Después de ocho horas de deliberación, los 28 magistrados no han llegado a ninguna decisión. Por lo tanto, el pleno se ha disuelto y se reanudará el martes a las 10h de la mañana. Fuentes jurídicas apuntan que todos han podido intervenir y que se ha adelantado en el fondo de la cuestión, pero sin llegar a votar. Sobre la mesa, tienen tres recursos para resolver y que tienen que servir para fijar qué doctrina dan por buena: si la de febrero (el Supremo establecía que el impuesto lo pagaba el cliente) o el de octubre (lo paga el banco). En caso de avalar la doctrina fijada en octubre (con tres sentencias que cambiaban el criterio), tendrán que perfilar algunos aspectos como la retroactividad de la medida y también delante de quien se tiene que reclamar el impuesto.

Los 28 magistrados de la Sala Tercera no han conseguido llegar a un acuerdo y el pleno continuará el martes a partir de las 10h. Sobre la mesa, los magistrados tienen la decisión de establecer quien paga finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados. En estas ocho horas, los 28 magistrados han podido dar su opinión y, según fuentes jurídicas, han avanzado también en la discusión sobre el fondo del asunto: quién tiene que pagar el impuesto y si es el banco, desde cuándo.

El pasado 18 de octubre, el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia de la sección segunda de esta misma sala donde se cambiaba el criterio y se establecía que este impuesto (que en Cataluña es aproximadamente el 1,5% del importe total de la hipoteca) lo pagaba el banco y no el cliente. La decisión suponía un giro de 180º respecto del mismo criterio del tribunal, que, en febrero, mantenía que lo tenía que pagar el cliente.

Aparte de esta sentencia que se dio a conocer inicialmente, el Supremo confirmó que había dos más idénticas que se habían notificado días más tarde. La primera sentencia era la respuesta a un recurso de la entidad municipal de vivienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

La decisión supuso una conmoción para la banca y los seis bancos españoles del Íbex 35 perdieron más de 5.300 MEUR en bolsa aquel mismo día. No habían pasado ni 24 horas cuando el presidente de la Sala Tercera, Luís María Díez-Picazo, emitió un comunicado donde decidía detener la aplicación de estas sentencias y llevaba la decisión al pleno. Reconocía que lo hacía porque la sentencia suponía un «giro radical» en la jurisprudencia y suponía una «enorme repercusión económica y social».

Desde entonces, este impuesto ha quedado sumido en una situación de inseguridad jurídica que tienen que resolver estos 28 magistrados. Para hacerlo, tienen sobre la mesa tres recursos también de la entidad de vivienda de Rivas Vaciamadrid y tendrán que fijar qué criterio dan por bueno en tres respectivas sentencias. Fuentes del Supremo han adelantado que, una vez la decisión esté tomada, se hará una nota informativa detallando el acuerdo.

Los magistrados no sólo tienen que decidir qué jurisprudencia dan por buena, sino que también tienen que aclarar algunos aspectos sobre todo si optan para que el impuesto lo pague el banco. Entre otros decidir desde cuándo se aplica este cambio de criterio y si la retroactividad es de cuatro años (cómo está habitualmente en temas fiscales). También determinar delante de quién hay que reclamar el impuesto –si en el banco o en el juzgado- y si lo tiene que tramitar la tesorería general o las haciendas de las comunidades autónomas.

Disculpas de Lesmes

La decisión de frenar la aplicación ha generado una cascada de críticas. Incluso el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, salió a pedir perdón a los ciudadanos y criticó de manera velada al presidente de la Sala Tercera ya que, según reconoció abiertamente, le había recomendado hacer una nota aclarando varios aspectos de la nueva sentencia pero no convocar un pleno.

El presidente del Tribunal Supremo reconoció que no gestionaron bien la sentencia sobre las hipotecas, admitió el «daño reputacional» al tribunal pero descartó hacer dimitir Díez-Picazo.

Por su parte, la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales exigieron la dimisión de Díez-Picazo al considerar que su actuación ha estado «insólita» y apuntaron que la reacción del presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa daña la imagen de la independencia judicial.

Intervención de 28 magistrados

En la sesión extraordinaria de este lunes pueden intervenir todos los magistrados, por orden del integrante más antiguo en el más nuevo. La sala habitualmente está formada por 31 magistrados pero tres de ellos no han asistido por diferentes motivos. Se trata de Rafael Fernández Valverde –de viaje-, Segundo Menéndez -que presidente la junta electoral central- y Octavio Herrero, que se ha abstenido porque uno de sus hijos compró una vivienda a Rivas Vaciamadrid y este ayuntamiento fue uno de los que recurrió en el Supremo el tema del impuesto, dando lugar a la sentencia del pasado octubre.

Reclamaciones millonarias

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha calcula que más de 235.000 catalanes podrían reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años y que, por lo tanto, no han prescrito. El valor de las reclamaciones sumaría unos 830 millones de euros sólo a Cataluña. Al conjunto del Estado, la cifra se sube a los 3.631 millones de euros de un millón y medio de reclamaciones.