El Gobierno denunciará el Supremo ante la Fiscalía por la sentencia sobre las hipotecas

El Gobierno denunciará el martes que viene el Supremo ante la Fiscalía por su actuación en el impuesto de las hipotecas. Así lo ha explicado la portavoz del ejecutivo, Elsa Artadi, en declaraciones desde los pasillos del Parlament, este viernes al mediodía. La también consellera de Presidència ha concretado que la Generalitat presentará una denuncia delante de la Fiscalía General del Estado para que investigue a quienes cree que son los dos responsables de la gestión del impuesto de las hipotecas, por si han cometido hechos delictivos: el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y el presidente de la sala tres del contencioso administrativo del propio Supremo, Luis María Díez-Picazo. Artadi confía en que el ministerio público acepte investigarlos.

Artadi ha argumentado la presentación de la denuncia por el cambio de criterio del Supremo y la «inusual» convocatoria de la sala del tribunal, así como por|«la manera como se ha conducido el debate» y por los argumentos de la revisión y su procedimiento. La portavoz del Gobierno ha añadido que se trata de una «violación» de las leyes propias del Supremo, y que es la Fiscalía quien tiene que garantizar la justicia, sin concretar qué delitos cree que lo ejecute que se podrían haber cometido.

Asimismo, la consellera también ha denunciado que la «injusticia española» es una «amenaza» para la democracia y el estado de derecho, y ha recordado que esta semana ha habido cinco casos «muy claros». Artadi ha recordado que se han pedido más de 200 años de prisión para los que «defienden la democracia», en referencia a los políticos encarcelados; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado España por «permitir juicios sin garantías»; que la justicia belga ha llevado a Luxemburgo «la vulneración al derecho a la libertad de expresión», y que la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha «violado» las directivas europeas al «dar por culpables» a los «presos políticos», que todavía no han ido a juicio.