Marchena rechaza apartarse del juicio del proceso y niega tener ningún interés «directo ni indirecto»
Afirma que no se sostiene la crítica hacia la elección de los jueces por parte del poder político y dice que también pasa en países como Bélgica, Francia, Portugal o Italia
El presidente del tribunal del proceso y presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha presentado su escrito de alegaciones para oponerse a la recusación que le plantean varios acusados. Asegura no tener ningún interés «directo ni indirecto» en la causa contra el proceso y también afirma que las críticas contra el sistema de elección de los jueces –por decisión de los partidos políticos- «no se sostiene». En esta línea, apunta que en países como Francia, Bélgica, Portugal o Italia también son los políticos los que escogen de una u otra manera parte del poder judicial. Por lo tanto, cree que por el hecho de que 8 de los 20 vocales del CGPJ los escojan los partidos «no puede conducir a la descalificación por su falta de imparcialidad» de los miembros del tribunal. La decisión sobre la recusación la tendrá que tomar la Sala del 61.
El presidente del tribunal que tiene que juzgar a los acusados de la causa del proceso, Manuel Marchena, ha respondido en un escrito de 5 páginas a las peticiones de recusación de que le han planteado las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Anna Simó.
Las defensas plantearon la recusación después de la polémica suscitada por la filtración de un mensaje del portavoz del PP al Senado, Ignacio Cosidó, que aseguraba que podían controlar la Sala de lo Penal «desde detrás». Días antes, PP y PSOE habían pactado que Marchena abandonara la Sala de lo Penal – y también el tribunal del juicio del proceso- para suceder Carlos Lesmes a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después de la filtración del mensaje del líder popular, Marchena renunció.
Séptimo intento de recusación
En el escrito de alegaciones que ha presentado en fecha 30 de noviembre, Marchena asegura que no hay ningún motivo para que tenga que dejar de presidir al tribunal que juzgará a Oriol Junqueras y los otros 17 procesados y niega ningún interés «directo o indirecto» en la causa.
Marchena aprovecha para recordar que es el séptimo intento de las defensas de recusar miembros del tribunal o también el instructor de la causa, Pablo Llarena (recusado en tres ocasiones) y que se trata de una «estrategia defensiva que obliga la sala una y otra vez a razonar su distanciamiento respecto del objeto de la causa».
Se desvincula de Cosidó
Sobre las manifestaciones de Cosidó en el grupo de Whattsapp con los senadores populares, considera que provienen de una «tercera persona» y que la imparcialidad de un magistrado se tiene que medir por sus autos y no puede depender de la opinión de terceros que expresan a su personal criterio sobre las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias.
Justifica la relación entre políticos y la elección de magistrados
En los escritos de las defensas también apuntaban como causa de recusación el sistema de elección de la cúpula judicial por parte de los políticos porque permitía «permeabilidad» de la política en las decisiones judiciales. Según Marchena, es un argumento «inaceptable» y que no se sostiene.
Para replicar a las defensas, apunta que en otros países como Portugal, Italia, Francia o Bélgica los políticos también intervienen de una u otra manera en la elección de parte de los magistrados. Y que también pasa eso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que a los escritos las defensas hacen referencia a algunas de sus decisiones. «Los países de nuestro entorno conocen una participación –más o menos directa- del poder político en el nombramiento de los integrantes del órgano de gobierno del poder judicial», escribe Marchena.
Por lo tanto, el presidente de la Sala de lo Penal considera que la tesis sostenida por los letrados de la defensa conduciría «de forma inexorable a la genérica descalificación» de justicias como la belga, a la italiana, la portuguesa o la francesa.
Marchena dice que el sistema constitucional español «es tan mejorable comocualquier otro» pero por el que hecho que los partidos escojan 8 de los 20 vocales que integran el CGPJ «eso no puede conducir a la descalificación por su falta de imparcialidad del presidente y de los magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo». «No es el mecanismo de designación el que conduce al escepticismo colectivo sino las disfunciones que pueden surgir durante el proceso de elección y nombramiento», añade Marchena.
La decisión, en la Sala del 61
Cualquier incidente de recusación que se tramita acaba llegado a la llamada Sala del 61. Esta sala es la competente para resolver este tipo de peticiones y está formada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de las cinco salas del Supremo (en este caso, sin Marchena porque es la persona recusada) y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de las salas.
Por lo tanto, el escrito de Marchena supone simplemente su posicionamiento ante la petición de las defensas que lo aparten del juicio. También se ha posicionado ya la Fiscalía, que se ha opuesto también a la recusación.