Convocan una manifestación delante del Supremo el próximo 15 de diciembre

Más de 70 entidades sociales, sindicales y políticas catalanas y del resto del Estado se manifestarán el próximo sábado 15 de diciembre delante la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, para protestar contra la justicia española. Con el lema 'No hi ha justícia', se quiere denunciar la politización de la alta magistratura, la «persecución de la disidencia» y la vulneración de los derechos humanos, entre otras críticas al funcionamiento judicial en casos como el proceso soberanista, los de libertad de expresión, delitos de odio, violencia machista, corrupción política o los abusos de los bancos.

En el manifiesto de convocatoria de la manifestación, que se puede leer en 'nohayjusticia.org', se recuerdan casos judiciales «escandalosos» como los del 'Prestige', 'La Manada', el Castor, Nóos o Altsasu, y las condenas contra los raperos Valtònyc y Pablo Hásel, el caso de los bebés robados, las críticas a la 'ley mordaza' o la ley de partidos, las multas a sindicalistas para hacer piquetes de huelga o la falta de investigación de los crímenes del franquismo y de ultraderecha, además de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra la justicia española.

En referencia directa al proceso soberanista catalán, se critica la investigación de decenas de alcaldes, el encarcelamiento preventivo de varios líderes independentistas y las «injerencias graves en el funcionamiento» del Parlamento y consistorios. También hay críticas a las dificultades para perseguir delitos urbanísticos y ambientales, los abusos de los bancos o la vulneración de los derechos de los migrantes cuando son víctimas de delitos de odio.

Por otra parte, se acuerda de que el Consejo de Europa ha criticado reiteradamente la falta de independencia judicial al estado, sobre todo en la cúpula. De hecho, una de las principales críticas es el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la elección, por parte de estos, de los magistrados de los altos tribunales españoles.

La movilización está promovida por la organización Clam per la Llibertat, entre otros y cuenta con la adhesión de los CDR, entidades de juristas como Drets o Atenes, sindicatos como IAC y Ustec, Justícia i Pau, y SOS Racisme. De ámbito estatal está el ADICAE, que defiende a los usuarios de la banca, o Ecologistas en acción. El resto de entidades, hasta superar las 70, son de once comunidades autónomas, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, los sindicatos ELA y LAB, de Euskadi, otros de Aragón, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Asturias, dos organizaciones de La Rioja y una quincena de Madrid como la Asamblea Feminista, la Asociación Libre de Abogados o Madrileños por el Derecho a Decidir.

PDeCAT, ERC, CUP y La Crida también dan apoyo a la movilización, mientras que Òmnium y ANC de momento se mantienen al margen, aunque están informadas. Además, en los próximos días se podría añadir algún partido español.

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dicho que el proceso soberanista catalán «ha puesto el foco» sobre algunas carencias de la justicia española que hasta ahora quedaban «tapadas». Según él, ninguno de los grandes partidos españoles ha querido arreglar nunca la justicia, y por eso nunca se ha invertido lo suficiente. Además, ha criticado que el poder judicial disfruta de cierta «inmunidad». Por eso, considera que esta movilización se enmarca en un «proceso republicano» no estrictamente independentista, sino de crítica a las vulneraciones de derechos humanos.

Una portavoz de Clam per la Llibertat, Núria Camps, ha explicado que esta movilización pretende ser un «punto de inflexión» para «tejer una red» de entidades sociales que denuncien este sistema judicial. Durante el juicio a los políticos independentistas, además, se quiere hacer «de altavoz» de las diversas «mentiras» que se pueden decir y, por lo tanto, difundir tanto al estado como a Europa las respuestas que las desmientan.