El Supremo rechaza parar cautelarmente la exhumación de Franco como pedía la familia

La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo ha rechazado parar de momento la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La familia había presentado un recurso y, como medida cautelar, pedía parar los trámites hasta que el tribunal resolviera el fondo del recurso. Los magistrados han estudiado la medida cautelar durante esta mañana y, finalmente, han decidido rechazarla porque consideran que el recurso es prematuro y el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el acuerdo que permitirá hacer efectiva la exhumación. Los magistrados entienden que el acuerdo impugnado «no produce ninguna situación irreversible» y que, por lo tanto, la exhumación tiene que seguir su curso. El recurso de la familia es contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 8 de noviembre que daba continuidad al procedimiento de exhumación del dictador.

La sala sección cuarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo se ha reunido este lunes para estudiar la medida cautelar solicitada por la familia Franco. Los nietos del dictador piden al tribunal que paralice la exhumación mientras estudia en profundidad el recurso y dicta sentencia.

Los magistrados han rechazado la medida cautelar y, por lo tanto, de momento permiten que la exhumación salga adelante. Consideran que el acuerdo del Consejo de Ministros que impugna la familia «no justifica por sí mismo la exhumación» de los restos del dictador «ni produce una situación irreversible».

Aviso a la familia y al gobierno español

En una nota, los magistrados apuntan que el recurso es prematuro ya que todavía falta que el Consejo de Ministros apruebe un acuerdo motivado para hacer efectiva la exhumación. Deja la puerta abierta a la familia, pues, para que en aquel momento se vuelva a dirigir al tribunal para pedir la cautelar. Además, adelanta que el traslado de los restos de Franco no se podrá efectuar hasta que el Supremo no haya resuelto los recursos que tenga sobre la mesa que afecten a la exhumación.

Pasos dados por el ejecutivo de Sánchez

En agosto, el Consejo de Ministros aprobaba el primer decreto para iniciar la exhumación. Se trataba de un cambio en el redactado de la Ley de memoria Histórica que incluía que sólo podían estar enterrados en el Valle de los Caídos víctimas de la Guerra Civil. Franco, muerto en 1975, quedaba fuera de este planteamiento y, por lo tanto, daba la cobertura legal al ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante la exhumación.

Posteriormente, el 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba otro acuerdo que daba continuidad al procedimiento administrativo para continuar con los pasos para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Entre otros, ordenaba a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remitiera al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación y que han redactado desde Patrimonio Nacional. También se solicitaba a la dirección general de Salud Pública de la consejería de Sanidad de Madrid un informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación.

En el recurso de la familia, piden que se impugne este acuerdo del Consejo de Ministros y apuntan que puede generar «perjuicio irreparable en derechos o intereses legítimos» y también apuntaba a «irregularidades» previas, por ejemplo, en el hecho de cambiar la ley de memoria Histórica para afectar sólo a Franco y no al resto de personas enterradas que no murieron durante la Guerra Civil.

Ahora, con la decisión del Supremo el gobierno español puede continuar con los procedimientos para exhumar al dictador, que esperan tener a punto a principios del 2019.

Futuro emplazamiento para los restos

La familia del dictador ha expresado la voluntad de enterrar a Franco en la cripta de la Catedral de Almudena, donde la familia tiene comprado un espacio y también está enterrada la hija del dictador. El gobierno español lo quiere evitar enmendando la Ley de memoria Histórica para introducir que no se pueda enterrar el dictador en ningún lugar público y también castigando con multas o cierre de espacios públicos si se hace enaltecimiento de la dictadura. El PSOE anunció las enmiendas pero todavía no las ha presentado porque la Mesa continúa el plazo de enmiendas.