Investigado Joan Gaspart por una supuesta estafa a un príncipe saudí
Según la acusación habría escondido impagos a la Seguridad Social de 15 MEUR
El empresario Joan Gaspart ha sido citado a declarar el viernes que viene a las diez de la mañana como imputado por una supuesta estafa y ocultación de los impagos a la Seguridad Social por una querella presentada por el príncipe saudí Turki Bin Nasser. Los hijos del empresario, Juan y José Gaspart tendrán que declarar el 14 de enero por el mismo motivo. La acusación considera que escondió impagos a la Seguridad Social por valor de más de 15 MEUR en el hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, y que puso el Palau de Congressos como garantía de un préstamo de 1,6 MEUR sin consentimiento de sus propietarios. Solicitan una fianza de 16.637.512 euros para asegurar la responsabilidad civil o el embargo de sus bienes por valor de la misma cantidad.
La Audiencia provincial de Barcelona admitió a trámite el pasado 9 de octubre la querella criminal por estafa presentada por Barcelona Projects. El juzgado número 16 de Barcelona incoó diligencias previas pero después archivó la querella. La empresa del príncipe saudí Turki Bin Nasser presentó un recurso de apelación contra el archivo que fue aceptado por la sección séptima de la Audiencia de Barcelona.
Barcelona Projects es la propietaria del Complejo Real, que incluye el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I y el Palau de Congressos de Catalunya, unos espacios alquilados y explotados por Husa, de Joan Gaspart. La acusación indica que la empresa Husa y Joan Gaspart, «utilizando su reconocimiento social y empresarial, malbarataron por completo el complejo buscando su propio beneficio» hasta llevarlo|traer «a punto de la quiebra total».
Según la acusación, José Gaspart «aprovechando su situación» y en una «actuación desesperada para obtener dinero» habría pedido un préstamo con garantía hipotecaria a la entidad Caixa Geral por un importe de 1,6 MEUR ofreciendo el Palau de Congressos de Catalunya como garantía, sin conocimiento de los propietarios, que son Barcelona Projects. El querellante explica que ha tenido que hacer frente a este importe «para evitar la ejecución hipotecaria».