La Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de prisión para Cifuentes por el caso master

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pide cuatro años de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por presuntamente falsificar el acta del trabajo de fin de máster (TFM) del título de Derecho Autonómico y Local que cursó entre 2011 y 2012 en este centro.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la representación de la URJC solicita la misma pena para el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde; la profesora que supuestamente falsificó el acta Cecilia Rosado; y para la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito, acusada de presionar para realizar dicho documento.

La URJC, que ejerce junto con el sindicato de prisiones Acaip la acusación popular, les acusa a todo ellos de un delito de falsificación en documento público y pide, al margen de las penas de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros para cada uno, es decir 4.320 euros.

Además, solicita inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación especial por seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

En su escrito, la URJC señala que el 21 de marzo de 2018 eldiario.es publicó el artículo 'Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas', en el que habla de la ausencia del TFM de la expresidenta, por lo que esta «dio instrucciones expresas» a Teresa Feito, «para que ocultara dicha ausencia de mérito académico».

Y, añade, «con el fin de evitarle perjuicios a la primera, Teresa Feito instó a Enrique Álvarez Conde que creara -o diera instrucciones para crear- la documentación necesaria que justificara que Cristina Cifuentes había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster».

»Con intención de ocultar las irregularidades», dice la Universidad, Álvarez Conde se puso en contacto telefónico con la profesora Cecilia Rosado, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, para que «procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa» del TFM.

Así, Rosado «realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal» y la remitió por correo electrónico al rector de la URJC, Javier Ramos, en nombre de Conde para «crear apariencia de verosimilitud en dicho documento».

Con esa acta, prosigue el escrito de la Rey Juan Carlos, la expresidenta «pretendía simular la existencia de la defensa del trabajo ante un tribunal público el 2 de julio de 2012».

Para ello, Rosado «simuló las firmas» de las profesoras Alicia López de los Mozos, funcionaria de la URJC, y Clara Souto Galván, que era personal laboral, con las que «había hablado por teléfono ese día a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a los trámites a realizar en la falsificación».

Siempre en ese mismo día (21 de marzo), continúa, «Feito llamó a Cecilia insistentemente con esta finalidad de elaboración de acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Cecilia se negó, por lo que la exasesora regional le instó a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios.

La URJC asegura que «Doña Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades».

Y una vez cometida la falsificación, «Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2012, y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue realizada».