La Audiencia ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol en diez días por el caso de las ITV

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, que en un plazo máximo de diez días ingrese en un centro penitenciario para cumplir la pena de dos años y medio de prisión que se le impuso por el llamado caso de las ITV. Pujol tiene tres días para recurrir la decisión, cosa que suspendería el ingreso efectivo en prisión hasta que la resolución fuera firme del todo. El hijo del expresidente de la Generalitat pidió sustituir la pena pactada con la fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental por trabajos en beneficio de la comunidad, pero el ministerio público se opuso, y ahora la Audiencia también lo ha rechazado.

La magistrada asegura que los delitos cometidos por Pujol son «muy graves» y atentan contra la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, ya que el político no habría trabajado por el bien común sino por sus propios intereses, al menos entre los años 2010 y 2012. A pesar de admitir que algunas circunstancias personales harían decantar la balanza hacia la concesión de la suspensión, el auto tiene en cuenta que Pujol podría llegar a volver a delinquir en un futuro lejano cuando la inhabilitación por cargo público se hubiera cumplido. Por eso, ordena su internamiento en la prisión y recuerda que el buen comportamiento y las circunstancias personales pueden favorecer permisos penitenciarios y la libertad condicional más adelante.

A finales de julio la Audiencia condenó al exsecretario general de CDC a dos años y medio de prisión por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, además de imponerle 76.000 euros de multa por haber cobrado comisiones irregulares en el 'caso ITV'. El tribunal también impuso 15 meses y medio de prisión a su esposa, Anna Vidal.

Aunque Oriol Pujol y el resto de acusados pel 'caso ITV' llegaron a un pacto con el ministerio fiscal y evitaron el juicio, la directriz de la Fiscalía Anticorrupción es solicitar el ingreso en la prisión cuando los condenados por estos tipos de delitos son responsables públicos.

La fiscalía pidió que no se suspenda el ingreso en la prisión de Pujol, mientras que la defensa quiere que se sustituya esta pena por otras medidas, y por eso la Audiencia citó las partes al principio de diciembre para que expusieran sus posicionamientos.

El ministerio público recordó que la mujer de Pujol también fue condenada y se le sustituyó la pena de prisión por una multa. Por eso, y por el hecho de sus estudios y profesión, Anna Vidal podría asumir los gastos que Pujol dice que sufraga él, como la hipoteca, los estudios de los tres hijos y la mutua privada de salud, como muchos otros ciudadanos. Aun así, le recuerda que tiene derecho como todo el mundo a sanidad pública gratuita, y que Pujol es propietario de una segunda residencia y pertenece a una familia con recursos económicos. También dice que ingresar en la prisión no supondría perder el lugar de trabajo, porque está trabajando como autónomo.

La defensa de Pujol argumentó que los trabajos en beneficio de la comunidad «no son una pena de segundo orden», sino un «sustitutivo penal muy meditado», y subraya que la suspensión del encarcelamiento y la sustitución por otras medidas «es posible y tocaría con el código en la mano». También ha puesto el acento en argumentos de tipo comparativo: «Oriol Pujol no es la persona condenada por más delitos en este procedimiento y en cambio es el único de quien, en la fiscalía, no le interesa la suspensión [del ingreso en prisión]».

El abogado de Pujol, Xavier Melero, incidió que la «eficacia comunicativa con la sociedad» de los trabajos en beneficio de la comunidad y solidarios es «muy importante» y añadió que en el caso de las personas con relevancia y notoriedad pública también «implica proyección para este tipo de trabajos». Según su abogado, Oriol Pujol asume «plenamente» el «arrepentimiento» y las «responsabilidades» y «consecuencias» de los delitos por los que se lo condenó, «sin ningún tipo de excusa».

Pujol planteó a la magistrada continuar con la «vocación pública con un trabajo solidario» que le permita no «desestructurar» más su proyecto vital. «Su proyecto existencial de 25 años de dedicación a la política se ha acabado, como también las relaciones, amistades y la notoriedad pública», subrayó el abogado que también resaltó que Oriol Pujol colabora con entidades de forma voluntaria desde hace tiempo. En la actualidad trabaja como agente comercial autónomo en una empresa que fabrica envases de vidrio.

La defensa de Pujol está valorando la posibilidad de presentar un recurso contra esta decisión, que suspendería la obligación de entrar en la prisión hasta que la resolución sea firme. El plazo se acaba martes que viene.