El Supremo pide a Interior que traslade a Madrid a los presos del proceso antes de febrero
La fecha de inicio del juicio se fijará en pocos días, una vez las defensas presenten sus escritos
Expresidentes de la Generalitat y del Parlamento piden a los presos en huelga de hambre que abandonen la protesta
El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «adopte las decisiones» oportunas para trasladar a los nueve presos del proceso para garantizar su presencia ante el tribunal la última semana de enero.
En un oficio firmado hoy, Marchena pide al ministro que realice las gestiones oportunas para asegurar que estén a disposición de la Sala que juzgará los hechos, y que también preside él, para cuándo empiece el juicio, que todavía no tiene fecha.
La solicitud de Marchena afecta a nueve de los doce acusados en el Supremo por el proceso, que se encuentran en prisiones catalanas, a donde fueron trasladados desde varias prisiones de Madrid el mes de julio pasado.
El exvicepresidente del Gobierno Oriol Junqueras, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn estan actualmente en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages).
De su lado, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell está en Mas d'Enric. en El Catllar y el exconseller Dolors Bassa en Puig de les Basses, en Figueres (Alt Empordà).
En su escrito, Marchena recuerda que la causa se encuentra en un momento procesal en el que ya se han presentado los escritos de acusación y está a punto de vencer el plazo de presentación de los de las defensas, de manera que el juicio, la fecha del cual está próxima a fijarse, será dentro de unas semanas.
El juez menciona el artículo 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que, una vez señalada la vista oral, «los procesados que se encuentren presos sean inmediatamente conducidos en la prisión de la población en que tenga que continuarse el juicio».
De su lado, el Reglamento Penitenciario sustituye la inminencia a la cual se refiere la Lecrim por una «antelación mínima de treinta días».
El Supremo entiende que ni la celeridad de la Lecrim ni el plazo de un mes pueden ser concebidos como «exigencias temporales en detrimento de la seguridad» necesaria en el traslado de los presos en unas condiciones que respeten su dignidad y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por eso, Marchena pide que los presos estén en Madrid a disposición del tribunal la última semana de enero y solicita al ministro que empiece los trámites oportunos por hacerlo posible.