El Estado tiene 2.761 presos por delitos sexuales y sólo el 8.5% sigue programas terapéuticos

Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y sólo 230, poco más del 8%, participa de manera voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.

«El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que eso no se consiga, el sistema fracasa», dice en una entrevista a EFE el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

A pesar de hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la prisión dos meses antes, el secretario general considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente bien valorada, pero hay margen de mejora. Y puede hacerse, según Ortiz, insistiendo en los programas de tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a estos programas. Los últimos datos disponibles cifran en 69% el porcentaje de recluidos que no vuelven a delinquir, pero todavía queda un 31% de «perfiles de difícil reinserción». Y sobre los que se tiene «casi toda la seguridad que al salir seguirán delinquiendo», el máximo responsable de Prisiones, defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece once posibilidades de control para este tipo de presos.

«Uno de los retos importantes es hacer eficaz esta libertad vigilada», pero por eso se necesitan los «recursos necesarios» y que se desvanezcan las dudas sobre la administración competente en la aplicación de cada medida de control, enfatiza. Ortiz se refiere también a los internos por violencia de género, que aumentan a 3.927, de los cuales 469 (en torno al 13%) participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. A ellos se las suman a las 4.000 personas con condenas muy cortas que no llegan a entrar a la prisión a cambio de someterse a estas terapias.

Prisiones también pide a más profesionales en este ámbito y está firmando convenios con ayuntamientos como el de Madrid, para que aporte psicólogos a estos programas. Además, Instituciones Penitenciarias negocia más dotaciones con la delegación del Gobierno para la Violencia de Género. «Se trata de que todos los condenados puedan realizar estos programas», señala Ortiz, quién avanza que su departamento trabaja en la creación de un «microprograma» más flexible para que los condenados con penas cortas, muchas de seis meses para romper la orden de alejamiento, se acojan, ya que las terapias actuales tienen una duración de un año.

Ortiz también quiere potenciar la concesión de terceros grados o régimen de semilibertad, con los controles necesarios a estos presos. Con todo, España pretende acercarse a los países de su entorno, incluido Cataluña, que tiene transferidas las Prisiones. Mientras que en los centros dependientes de la Administración central los recluidos en tercer grado representan el 16%, en Cataluña se elevan al 22% y en algunos países europeos superan el 25%. Ortiz lamenta que España sea el tercer país de Europa con la mayor estància media en la prisión, a pesar de contar con el índice más bajo de criminalidad, y recuerda que el sistema penal español es de los más rigurosos y con penas que pueden llegar hasta los 40 años.

Sin embargo, la población penitenciaria ha disminuido los últimos diez años y ha pasado de los 63.000 presos el 2018 a 50.600 a la actualidad, hecho que ha permitido que, a pesar de la reducción de plantilla de funcionarios, la ratio haya bajado de un trabajador por cada 5,6 internos en 4,3. Sin embargo, Prisiones ha lanzado este año la mayor oferta pública de trabajo de los últimos tiempos con 956 plazas, 831 de ellas para el cuerpo de ayudantes, que se cubrirán en el primer semestre del año para paliar buena parte de las todavía 3.000 vacantes.

En materia de personal, uno de los problemas más graves, «y de difícil solución» según Ortiz, es la cobertura de médicos en el ámbito penitenciario, con 160 vacantes, porque aunque salgan plazas no son «apetecibles» para este colectivo, también deficitario en general en España. También en el ámbito sanitario, Ortiz recuerda que una ley de 2003 prevé la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, pero tan sólo cuenta con ella el País Vasco. No obstante, ya hay «conversaciones serías» con Navarra y se han iniciado los contactos con la Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares.

Con respecto a las reivindicaciones de los sindicatos de prisiones, Ortiz reitera que es «difícil, para no decir imposible» un aumento salarial que complemente a la firmada en marzo para todos los trabajadores funcionarios. Sí se está atendiendo a la demanda de un protocolo contra las agresiones a los trabajadores de Prisiones, sin embargo Ortiz recuerda que España está «muy por debajo de» otros países europeos y, dentro del territorio, otros colectivos como los profesores. De todos modos, no sobrepasan las 300 y de ellas, tan sólo seis fueron graves el año pasado, cuando no se registró ninguna muy grave.