Junqueras se niega a responder en la fiscalía, la abogacía del Estado y Vox

El exvicepresidente del Gobierno y máximo responsable de ERC, Oriol Junqueras, se negará a responder las preguntas de las tres acusaciones. No contestará ni a la fiscalía –que el miércoles sostuvo el discurso de la violencia y la rebelión-, la abogacía del Estado y la acusación popular, que ejerce el partido ultraderechista de Vox. El vicepresidente entiende que es un juicio político y que «ante una farsa judicial no se puede legitimar ni a la Fiscalía ni a las otras acusaciones» y no quiere dar «un minuto de gloria a los que han fabricado toda la causa general». La fiscalía solicita para él 25 años de prisión, la abogacía 12 y Vox 74. Este criterio lo mantendrá Raül Romeva cuando declare. Durante la fase de instrucción, ninguno de los dos respondió en la fiscalía y ahora mantendrán el criterio «por coherencia».

Tanto Romeva como Junqueras sostienen que se trata de un «juicio político» y creen que no tienen que responder ante una «farsa judicial de que quiere encarcelar a unos líderes en nombre de todo un movimiento por sus ideas y no por unos hechos que no son delito». El objetivo, pues, es no «hacer el juego» a las acusaciones.

Según el entorno de todos dos, los políticos han optado por esta opción porque consideran que en un «juicio político» los acusados no están hablando para las acusaciones ni el tribunal sino para la opinión público «para desmontar la farsa judicial que se quiere sentenciar».

Sostienen también que lo hacen por «coherencia» porque tampoco han respondido durante la fase de instruccó

Mantener el criterio por «coherencia»

Durante la fase de investigación, Junqueras también se ha negado a declarar a la fiscalía y siempre ha usado el castellano. Así pasó en el primer interrogatorio que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2017 en la Audiencia Nacional, ante la magistrada Carmen Lamela, que fue quien lo envió a la prisión. Junto con Forn, el exvicepresidente es el único miembro del Gobierno de Carles Puigdemont que no ha salido en libertad desde entonces.

En aquel primer interrogatorio, el presidente de ERC afianzó que nunca había participado ni promovido actos violentos por «convencimiento personal». «Soy creyente y cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar», dijo. También negó la malversación ya que todos los gastos estaban debidamente consignados y certificados por la intervención de la Generalitat.

Tampoco contestó al ministerio fiscal cuando declaró por primera vez ante el juez instructor, Pablo Llarena, el 1 de diciembre de 2017.