Atentados 17-A
Interior ha estimado 162 solicitudes de indemnización por los atentados de Barcelona y Cambrils
Ha recibido 498 solicitudes y ha resuelto 233, hecho que significa que 71 han sido desestimadas
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El Ministerio del Interior afirma que ha estimado a 1 de febrero del 2019 162 solicitudes de indemnización por los atentados del 17 de agosto del 2017 en la Rambla de Barcelona y a Cambrils. El importe de estas indemnizaciones ha sido de 5.023.850,34 euros, según indica la misma fuente. Aparte, Interior explica que hasta ahora se han registrado 498 solicitudes, de las cuales ya se han resuelto 233. Así, 71 de las solicitudes han sido desestimadas. El gobierno español sale así al paso de informaciones que indican que sólo había reconocido 18, a las personas que acreditaron daños físicos. Interior, sin embargo, afirma que todavía hay expedientes pendientes de resolver por daños físicos, porque los afectados todavía están de baja o están pendientes del baremo de las secuelas.
De los 162 expedientes resueltos favorablemente, 17 lo han sido por defunción, 1 por incapacidad permanente parcial, 49 por lesiones no invalidantes e incapacidad temporal, 2 por daños materiales, 69 por ayudas psicológicas, sanitarios y prótesis y 24 por otras ayudas.
Según el gobierno español, algunas de las desestimaciones se basan en que no ha quedado acreditada la presencia, se considera que no tienen lesiones derivadas del atentado o no se ha presentado la documentación pertinente.
Con respecto a las lesiones psicológicas, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo reconoce que pueden ser «igual o más incapacitantes» que las físicas, y subraya que ambas merecen «todo el reconocimiento legal» y el «respeto» de la administración.
Por eso entiende que tiene que actuar «con flexibilidad pero también con rigor» en el marco de la ley aplicable. También recuerda que el plazo de un año que se establece para reclamar empieza a contar una vez las secuelas físicas o psicológicas son definitivas, no al año del atentado. Además, «es voluntad» del gobierno español ampliar los plazos a través de una reforma legal.