Judicial
Piden tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por falsedad en su master
También pide prisión para la exdirectora del master, el director del instituto asociado a la URJC y una asesora de la expresidenta
Cristina Cifuentes anuncia su dimisión
El escrito de acusación sitúa en primer lugar a cada uno de los acusados en el cargo que ejercía cuando se produjeron los hechos. Así, recuerda que Enrique Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional enla Universidad Rey Juan Carles; Maria Teresa Feito Higueruela era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC; Cristina Cifuentes ejercía el cargo de presidenta de la comunidad de Madrid, y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC. Esta última fue nombrada directora del Master en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. Este instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de posgrado, era dirigido por Álvarez Conde.
A continuación hace referencia a una información publicada en marzo de 2018 en el periódico digital 'eldiario.es' en la cual se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el Trabajo Finde Master (TFM) del Master Universitario en Derecho público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid del año 2011-2012. «Dada la situación que esta noticia le provocó a la acusada Cifuentes, se puso en contacto con la también acusada María Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciera las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticiahabía provocado», añade la fiscalía.
El representante del ministerio público subraya que Feito accedió a lo que solicitaba la expresidenta madrileña y que, de acuerdo con Álvarez Conde, «y sabiendo que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Finde Master y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta enla que se le daría «apariencia de verosimilitud» para acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había cursado el master con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
Así, el 21 de marzo de 2018, después de una rueda de prensa dada por el rector de la universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la institución sobre la noticia publicada, el catedrático de derecho constitucional que seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, citó a Cecilia Rosado «dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejara que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos, como presidenta».
Por su parte, Cecilia Rosado, dada la «fuerte jerarquía» existente entre ella y el catedrático y «ante el miedo de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía», accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas. Es más, hizo constar «de forma falsa» después de los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Conca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal que: «Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha de 2012.07.02, acuerda otorgar a la alumna la calificación global de notable (7,5)», estampando en la misma su firma, y dos más a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras mencionadas, Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.
A continuación creó un correo electrónico a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, a Javier Ramos López, «que ignoraba las manipulaciones realizadas». Este mismo día, además, de forma «insistente» y «abrumadora», María Teresa Feito llamó hasta 21 veces al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación tendría que quedar resuelta como fuera y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les cortaría la cabeza».
Con respecto a las multas, la fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (en torno a 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y paraRosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.