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La fiscalía pide al Supremo condenar 'a la Mandada' a 18 años de prisión por agresión sexual

El ministerio público dice que no se puede exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir malos mayores»

José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo (d), en su salida de la Audiencia de Sevilla después de haber seguido por videoconferencia la vista en la Audiencia de Navarra para decidir si siguen en libertad provisional o entran en la prisión.

Piden que la Mandada vuelva a la prisión por riesgo de fuga y reiteración delictivaEFE

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que condenó por delito continuado de abuso sexual a los cinco hombres de 'la Manada'. La fiscalía reitera en su recurso la petición de condena que presentó la Fiscalía de Navarra, y solicita una condena para cada uno de los acusados de 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, así como diez años de libertad vigilada y prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años. También solicita que se imponga una condena de dos años de prisión a uno de los acusados, Antonio Manuel Guerrero Escudero, por un delito de robo con intimidación.

El ministerio público considera que los hechos «fueron realizados mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima». A juicio de la fiscalía, no se puede hablar de un acto de prevalencia, ya que el relato de hechos de la sentencia recoge «sin lugar a dudas una actitud intimidatoria» por parte de los cinco acusados, que fue la que los permitió consumar sobre la víctima los actos sexuales. La fiscalía considera que «no es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores».

La fiscalía afirma que en los hechos descritos hay una intimidación grave, por lo que se tienen que calificar como agresión sexual. En este ámbito intimidatorio, uno de los acusados se apoderó del teléfono móvil de la víctima, hecho que la fiscalía solicita que se califique como robo con intimidación, y no como un hurto.

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