Un exresponsable del Diplocat reconoce pagar hoteles y vuelos a «visitantes internacionales» pero niega que fueran observadores

El exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, ha reconocido que desde el organismo (que tiene entre 85-90% de participación de la Generalitat) se pagaron 40.591 euros para hoteles y vuelos para un programa de «visitantes internacionales» que hubo en Cataluña entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Ha negado, sin embargo, que vinieran en misión electoral. «Fue un programa de visitas internacionales, no de observación electoral», ha manifestado Royo, que dice que de estos programas hacían casi todos los meses y que este en concreto se organizó a petición de varios diputados extranjeros. «No organizamos ningún referéndum ni estábamos implicados», ha remarcado Royo, que ha desvinculado Diplocat de la Generalitat. También ha dicho que cumplieron «escrupulosamente» con la intervención del Ministerio de Hacienda y que no se hicieron pagos al margen. De hecho, ha dicho que algunos proyectos se siguieron pagando con el 155 vigente.

Durante todo el interrogatorio, Royo ha desvinculado la acción del Diplocat –que hacía tareas de diplomacia pública- con la gestión de la Generalitat, a pesar de reconocer que entre el 85-90% del presupuesto del consorcio proviene del Govern (con participaciones públicas de Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona). Royo está investigado en el juzgado 13 pero ha decidido declarar todas las preguntas.

Según ha defendido, las decisiones de las acciones que hacían las decidía el pleno y la acción no la marcaba ni la conselleria de Acción Exterior de Raül Romeva ni tampoco ningún otro departamento. «La gestión de Diplocat y Generalitat es totalmente independiente», ha manifestado.

La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado insistentemente por pagos que ha hecho el Diplocat y que constan en atestados policiales. Uno de ellos es una factura de 40.591 euros que se pagaron en concepto de hoteles y agencias de viajes para un grupo extranjero que estuvo en Cataluña entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

Royo los ha definido como «visitantes internacionales», ha dicho que la mayoría eran parlamentarios y que algunos se pagaron los gastos desde sus parlamentos o sus partidos. Ha defendido que eran visitas habituales, que se hacían prácticamente todos los meses, y que en este caso concreto lo habían solicitado directamente ellos interesados por el contexto político.

El exsecretario general ha dejado claro –a preguntas de la letrada Judith Gené- que no tenían que elaborar ningún informe ni hacer ninguna tarea y que, desde el Diplocat, se les organizaron reuniones y actividades durante aquellos días.

«No son observadores internacionales»

En todo momento, ha dicho que la comitiva no vino para hacer «ninguna observación electoral». «Una misión de observación electoral no tiene nada que ver con eso, comprueban si el voto es justo y transparente y por definición lo financia y lo organiza una entidad que no tiene nada que ver con el territorio que lo organiza», ha explicado Royo.

Por eso, ha dicho que se pagaron parte de los gastos de estos «visitantes internacionales» desde el Diplocat. Y ha explicado algunas misiones similares que habían organizado anteriormente, también una para el proceso participativo de 2014.

A preguntas de las defensas, ha dejado claro que Diplocat «no organizó ni estuvo implicado con el referéndum» y se ha cuestionado por qué ahora se sospecha de una actividad que, según defiende, llevan haciendo de la misma manera desde hace años. Además, ha dejado claro que el Diplocat no tenía ningún aviso por parte del TC ni ningún otro tribunal para abstenerse de hacer estas actividades.

Encargo académico pagado incluso con el 155

También le han pedido sobre una factura de más de 54.000 euros que se abonó en una empresa británica para contratar los servicios del exprimer ministro holandés Wim Kok y que fue de vuelta. Royo ha explicado que a partir de mayo se gestó un proyecto para hacer un encargo a un equipo de académicos para elaborar un estudio sobre el contexto entre Cataluña y España. Los contratos se formalizaron en julio y, según Royo, los diferentes expertos trabajaron o bien desde Barcelona o bien pasando épocas en Cataluña, también durante los días del referéndum.

Según Royo, quisieron buscar a un «portavoz» que «profesionalizara» la tarea de los expertos e hiciera públicas las conclusiones y se contactó con Kok, a quien se le hizo un ingreso de 54.030 para que «reservara» las fechas para venir a Cataluña. Pero la empresa británica por la que trabajaba devolvió el dinero porque el exministro ya estaba «comprometido» con otros proyectos en aquellas fechas.

Al final, capitaneó el proyecto Helena Catt, que tenía que declarar esta tarde a petición de la acusación y lo hará, finalmente, el día 27 de marzo. Royo ha explicado que el encargo que se les hizo se pagó sin ningún problema, también durante la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Estado (a partir del 15 de septiembre) y también, incluso, durante la aplicación del 155. «El proyecto se pagó íntegramente, con abonos hechos en enero del 2018 y cuando yo ya estaba cesado de mi cargo», ha explicado.

En este caso, ha dicho que no se dio indicaciones al grupo porque buscaban que fuera «independiente» y que elaborara el informe académico «con el máximo rigor científico». Ahora bien, sí les dio la «indicación» que se tendrían que reunir con el exdelegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, y algún representante de la Generalitat para tener «un contexto general» de la situación.

A preguntas de Vox, ha dicho que cuándo se contrata este informe académico todavía no se sabía si habría referéndum, ya que el proyecto se gesta en mayo y se firman contratos en julio. «Cuando se firma el contrato no sabemos qué se hará, el proyecto se hace independientemente del referéndum», ha remarcado.

Desvinculación de los pagos del BBVA

La fiscal también ha pedido sobre unos pagos que constan en la causa y que se habrían hecho en The Hague Centre for Strategic Studies desde una entidad del BBVA donde la delegación del gobierno en Bruselas tiene una cuenta. Royo ha dicho que no conoce esta entidad y que no les han hecho ningún encargo. «No tengo relación, la cuenta es de la Generalitat y como somos un consorcio diferente no tenemos nada que ver», ha manifestado. Uno de los integrantes de este centro de estudios, Paul Sinning, tenía que declarar esta tarde como testigo, pero se ha aplazado al día 27 de marzo.

La fiscal también le ha preguntado sobre unos pagos mensuales de 2.700 euros en el grupo editorial del diario Ara por traducir informaciones y artículos al inglés. Según ha dicho, la colaboración se llevaba a cabo desde el 2015 y desconoce por qué durante los meses de verano del 2017 se interrumpieron estos pagos. «Lo pedí a contabilidad y no me lo aclararon», ha explicado.