La Generalitat quiere sancionar con casi 8 millones de euros Telefónica, Vodafone y Orange

La Generalitat de Catalunya quiere sancionar con 7,9 millones de euros en total a Telefónica, Vodafone y Orange por los incrementos unilaterales de los precios al consumidor. Concretamente, la sanción más alta sería para Telefónica, con 5.073.519 millones, seguida de Vodafone, con 1.695.063 millones y de Orange, con 1.130.002 millones. La Agencia Catalana del Consum (ACC) propone estos importes después de que incrementaran las reclamaciones de los consumidores y que, durante el 2018, se celebrara una reunión entre la dirección general de la ACC y las compañías afectadas por avisar de la «disconformidad» por parte de la Generalitat. La medida la ha anunciado el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer, durante la presentación del balance de actuaciones de la ACC del 2018.

Ferrer ha explicado que la ACC decidió iniciar la inspección después de detectar «un alud» de reclamaciones por parte de consumidores y ha especificado que no se trataba de quejas en relación al servicio sino específicamente de la subida de precios. En este sentido, el secretario ha informado de que se«avisó» a las tres compañías afectadas, con las que se celebró una reunión. Según el representante del Govern durante este encuentro las empresas «no se dieron por aludidas».

En este sentido, Ferrer ha dicho que el incremento de los precios podría ser lícito si respondiera a una modificación técnica impuesta por una norma de rango superior, pero ha asegurado que este no era el caso. De hecho, ha apuntado que el aumento podría ser coordinado entre las tres empresas porque «de golpe todo el mundo actuó igual», aunque ha reconocido que no tienen ninguna constatación de eso, para añadir después de que lo que les preocupa «no es que sea coordinado sino injustificado».

Por otra parte, Ferrer ha explicado que el expediente sancionador se comunicó este miércoles y que ahora se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones, que es prorrogable. Sin embargo, las alegaciones las resuelve la misma directora de la Agència Catalana de Consum, así que previsiblemente se desestimarían y las empresas afectadas podrían presentar un recurso de alzada contra la consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, con un plazo más de un mes. Como ha apuntado el secretario, si se agotara la vía administrativa, que calcula que será de un mes y medio en total, ya se pasaría a la vía judicial con un recurso contencioso.