El juicio del 'procés' se queda sin los testigos clave imputados en Cataluña

El juicio del Tribunal Supremo a la cúpula independentista se ha quedado huérfano de testigos que fueron clave en el procés, entre ellos el exsenador de ERC Santi Vidal o el exnúmero dos de Junqueras, por su imputación en las causas judiciales de Cataluña que investigan los preparativos del 1-O.

El derecho que asiste a los testigos imputados a no declarar sobre aquello que les perjudique ha privado en las últimas semanas al tribunal que juzga el procés de escuchar la versión de varios políticos, cargos públicos o empresarios que desempeñaron un papel crucial en la hoja de ruta a la independencia o que podrían facilitar información relevante sobre los preparativos del referéndum.

Entre los testigos que esta semana han preferido acogerse a su derecho a no declarar, para no afrontar el riesgo de responder a un interrogatorio que podría perjudicarles en la causa que tienen abierta, figuran Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras en la consellería de Economía y ahora diputado de ERC en el Parlament.

Jové -uno de los detenidos en la operación del 20S y que por su condición de aforado está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- no solo dirigía las áreas de Economía a las que se atribuye el grueso de la logística del 1-O, sino que, además, proporcionó una de las principales pruebas de cargo que las acusaciones esgrimen en el juicio del procés: el documento "Enfocats".

Dicho documento, que le intervino la Guardia Civil junto a una agenda Moleskine con anotaciones sobre el procés, diseñaba el guion en el que según las acusaciones se basaba la hoja de ruta unilateral hacia la independencia del Govern de Carles Puigdemont, que apostaba por desencadenar un "escenario de guerra" con masivas movilizaciones en la calle para forzar una ruptura con España.

Ni uno solo de los procesados por rebelión en el Supremo ha dado validez a ese documento, que han tildado de apócrifo y hasta disparatado, y la negativa de Jové a declarar como testigo ha impedido a las acusaciones indagar sobre su autoría y alcance.

Otro testigos fundamentales que han optado por callar ante el Supremo son el exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal así como Carles Viver Pi i Sunyer, dos juristas que estuvieron involucrados en el diseño jurídico de la vía hacia la independencia y que están imputados en la causa que dirige un juzgado de Barcelona sobre los preparativos del referéndum.

Vidal sí ha visitado esta semana varios platós de televisión después de que la justicia le haya dado la razón al reconocer su derecho a reincorporarse como juez, tras haber sido apartado de la carrera judicial por redactar un borrador de una constitución para una eventual República catalana.

El exsenador de ERC es un protagonista clave en la investigación judicial del "procés", ya que sus conferencias alardeando de que el Govern tenía una partida oculta para el referéndum y que había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes propiciaron la apertura de la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

Viver i Pi Sunyer, otro testigo que ha guardado esta semana silencio en el Supremo, es considerado el arquitecto jurídico del procés por su labor al frente del Consejo Asesor para la Transición Nacional.

También se ha escudado en su condición de imputado en el juzgado de Barcelona que investiga el 1-O el exsecretario de Difusión de la Generalitat y ahora secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons, que de esa manera no ha podido despejar la incógnita surgida a raíz del relato de varios testigos sobre si es el "tal Toni" que encargó trabajos para la publicidad del referéndum.

Molons, imputado por malversación y desvío de fondos por el 1-O por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se ha erigido a su pesar en uno los protagonistas de esta semana, por las sospechas que mantiene la Fiscalía de que efectivamente es ese "tal Toni".

La misma estrategia siguió la semana pasada el también imputado en esa causa Pau Raventós, exresponsable de la empresa Unipost que supuestamente iba a encargarse de la distribución postal del 1-O, con un presupuesto de cerca de un millón de euros que la compañía no llegó a cobrar y que supone una de los principales gastos del referéndum que sustentan la acusación de malversación contra los exconsellers procesados.

En cambio, sí que ha testificado el exresponsable del Diplocat Albert Royo, imputado en la causa del 1-O, que en el Supremo ha desvinculado a este organismo de los preparativos del referéndum y de la Generalitat.