Santi Vila reclama al Supremo la fianza de 50.000 euros para poder pagar el juicio
La defensa del exconseller apunta que vive una situación económica «de extrema necesidad»
Vila afirma que el 1-O «muta» después de la suspensión del TC y ya «nunca más» lo reconoce como tal
La defensa del exconseller Santi Vila ha presentado un escrito al Tribunal Supremo pidiendo que le devuelvan la fianza de 50.000 euros que aportó en noviembre de 2017 para eludir la prisión. Según expone, la asistencia al juicio está provocando una «disminución relevante» de sus ingresos y, por eso, pide el dinero para poder pagar los gastos que se derivan de la asistencia a las sesiones del juicio. En el escrito, presentado por el letrado Juan Segarra, se apunta que el juicio está provocando una situación económica «de extrema necesidad» al exconseller. Vila pagó esta fianza con recursos propios y no recibió dinero de la caja de resistencia.
En el escrito, con fecha de 3 de abril, la defensa de Vila recuerda que el juicio hace ya casi dos meses que dura y que la previsión es que se alargue algunos meses más y que eso está provocando una «situación económica de extrema necesidad». Recuerda que el exconseller vive habitualmente en Barcelona y que para asistir al juicio se tiene que desplazar a Madrid y sufragar los «cuantiosos gastos» de desplazamiento alojamiento y manutención en la capital española, así como las derivadas de su defensa. Y relata que lo hace «sin ayuda ni apoyo económico de ningún tipo».
Fuentes próximas a Vila recuerdan que él no recibió apoyo de la caja de resistencia y aportó de su bolsillo los 50.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia Nacional en noviembre de 2017.
«Disminución relevante» de los ingresos
El escrito también señala que tiene que estar presencialmente en todas las sesiones y eso le está suponiendo una «disminución relevante» de los «únicos» ingresos económicos que tiene, ya que apunta que sufre una «drástica limitación de su actividad laboral». En el escrito dirigido al Supremo - y que ha avanzado El independiente- subraya que ha tenido que dejar de dar clases en la Universitat Ramon Llull y que ha visto reducida «considerablemente» su actividad en Aigües de Banyoles, dónde es el director.
Su letrado, Juan Segarra, entiende que estando cada día en el Supremo y a disposición del tribunal «ya no subsisten» los motivos que en su día motivaron la imposición de la fianza. Por todo ello, solicita al tribunal que le devuelvan los 50.000 euros para poder destinar el dinero para «sufragar los elevados gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención» del juicio.
