Libertad con cargos para los empresarios que cambiaron la ropa de un trabajador que murió en un accidente laboral

Los cuatro empresarios de Chiclana de la Frontera (Cádiz) acusados de un delito de homicidio imprudente por cambiar el uniforme a un trabajador, que sufrió un accidente laboral, por ropa de calle antes de llevarlo al hospital, donde murió, han quedado en libertad con cargos.

A finales del pasado mes de enero, la Guardia Civil recibió el requerimiento de un juzgado de Chiclana para que iniciara una investigación sobre un posible accidente laboral mortal ocurrido el 17 de julio de 2018 en una empresa de la localidad dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en ferias y acontecimientos.

Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana y delante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, «teniendo en cuenta el menosprecio que los responsables de la empresa demostraban por la normativa vigente en materia de urbanismo y riesgos laborales», según ha informado la Guardia Civil.

La investigación determinó que el día en el cual se produjo el accidente, un trabajador de 42 años quedó atrapado en el mecanismo de una carretilla elevadora y fue trasladado en un vehículo particular, todavía con vida, al Centro Médico de Especialidades de la Longuera de Chiclana de la Frontera.

Antes del traslado del herido, el administrador de la empresa y otro trabajador le sacaron la ropa de trabajo de la empresa, donde figuraba el anagrama, con el fin de evitar responsabilidades, según la Guardia Civil.

Cuando llegaron al centro de salud, dijeron a los médicos que había sufrido una caída fortuita, una versión que mantuvieron cuando fue trasladado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde murió poco después.

La situación económica en la cual quedaron la compañera del muerto y sus dos hijos fue precaria, ya que al tratarse, en principio, de una muerte por contingencias comunes, las pensiones de orfandad y viudedad «les dejaban prácticamente en la indigencia», indica el instituto armado.

No obstante, la investigación de la Guardia Civil permitió demostrar que la defunción del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que estaba utilizando, así como una falta absoluta de piezas de protección personal, planes de seguridad o planes de evacuación, además que los trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social, por lo cual los empresarios también están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Eso ha permitido que la viuda y los hijos del muerto hayan podido ver incrementadas las prestaciones que recibirán.