Marchena evita que Salellas interrogue a un catedrático sobre el derecho a la autodeterminación: «Es un insulto al tribunal»
La defensa de Cuixart, Junqueras y Romeva había solicitado la declaración de Enoch Albertí, miembro del consejo que elaboró el Llibre Blanc
El magistrado Manuel Marchena, presidiendo la sala del Tribunal Supremo durante el juicio del 1-O.
El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ha frenado en seco el intento del letrado Benet Salellas (del equipo de Cuixart) de preguntar a un testigo sobre el derecho a la autodeterminación. La defensa de Cuixart -y también la de Junqueras y Romeva- había citado Enoch Albertí, catedrático de derecho constitucional que formó parte del Consell per a la Transició Nacional que elaboró el Llibre Blanc en el 2014. Marchena ha criticado que se quiera convertir al testigo «en perito» y ha dicho que no permitirá que el juicio «se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados sobre el derecho a la autodeterminación» y lo ha calificado «de insulto» al tribunal. Además, el presidente ha dicho que el Llibre Blanc está incorporado a la causa y «ha sido y será estudiante exhaustivamente» por los magistrados. Antes de este incidente, Albertí ha defendido que las entidades civiles no participaron de este documento, que no era una «hoja de ruta» y que sólo recogía los diferentes escenarios y vías posibles para celebrar una consulta en Cataluña.
El equipo de defensa de Jordi Cuixart había propuesto la declaración de Enoch Albertí por haber participado del Consell Nacional per a la Transició Nacional, que entre 2013 y 2014 redactó el Llibre Blanc. Albertí, que es catedrático de derecho constitucional en la UB, ha negado que sea una hoja de ruta para el independentismo, que aceptó el encargo de la Generalitat (sin remuneración) para elaborar lo que considera un trabajo académico sobre los diferentes escenarios sobre la realización de una consulta en Cataluña.
El Llibre Blanc está incorporado en la causa y la fiscalía ha reproducido algún fragmento en su escrito, especialmente el que hace referencia a la movilización social necesaria para acompañar un referéndum. Según ha defendido Albertí, esta consideración se hace porque en un proyecto político «de envergadura como un referéndum» hacía falta contar con un «apoyo social» y también siempre desde el punto de vista de una movilización «siempre de carácter pacífico, civilizado y ordenado como siempre habían estado las movilizaciones a Cataluña».
El interrogatorio, sin embargo, se ha torcido cuando Salellas ha preguntado sobre el derecho a la autodeterminación y qué referencias se hacían en el Llibre Blanc. Marchena ha intervenido para criticar, según considera, el intento del abogado de convertir al testigo en un «perito judicial» que «dé lecciones» sobre autodeterminación al tribunal, lo que ha considerado un «insulto». «La sala no puede escuchar lecciones de derecho constitucional de un catedrático que viene como testigo», ha declarado. Marchena ha dicho que el Llibre blanc está incorporado en la causa y que algunos miembros del tribunal lo han leído «de la primera en la última página» y que «es y será» estudiado exhaustivamente.
Un segundo testigo desvincula el Llibre Blanc de la hoja de ruta
También ha testificado Joan Vintró, que fue también miembro del Consell Asessor per a la Transició Nacional y exletrado del Parlament (1981-2006). A preguntas del letrado Francesc Homs, ha reconocido que cuando se presentó el Llibre Blanc en septiembre de 2014 no se abrió ninguna investigación judicial, ni recibieron ninguna advertencia del TC ni se impugnó el documento.
Vintró ha insistido en que el documento era un «encargo académico» sobre los diferentes escenarios «hipotéticos» que se podían producir si se celebraba un referéndum en Cataluña pero ha negado que fuera una «hoja de ruta» para el Govern. «En absoluto, era un documento de estrategia política, académico, donde sólo se hacen análisis jurídicos y propuestas al respecto de estos hipotéticos escenarios», ha explicado.
Sobre la parte que recoge la fiscalía en referencia a la movilización social, ha dicho que en ningún caso era una «herramienta de fuerza o coacción» hacia el Estado -cómo sostiene la acusación- sino que constataba que una hipotética consulta hacía falta tener apoyo social para «legitimarla», siempre en el «marco pacífico y democrático y de ninguna manera tendiendo a crear ninguna acción de fuerza».