Denuncian a un gerundense que vendía un cañón antiguo en Internet por 6.700 euros

La Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Vilajuïga (Alt Empordà) por un delito contra el patrimonio histórico. La investigación se inició cuando agentes del Seprona en Girona tuvieron conocimiento de una página de Internet de compra-venta donde se anunciaba un cañón antiguo por 6.700 euros. El 6 de mayo, la policía localizó al propietario y confirmaron que tenía el cañón. El hombre les manifestó que no tenía ningún documento del objeto y que se lo había regalado a su padre que se dedicaba a recopilar piezas antiguas. Se consultó en el Museo de Armas Navales de Barcelona para averiguar si podía estar catalogado como patrimonio histórico. Desde el museo, detallaron que podría tratarse de un cañón Falconete Pedrero que se colocaban en las naves del siglo XVII.

La Guardia Civil atribuye al vecino de Vilajuïga (Alt Empordà) un delito contra el patrimonio histórico y ha enviado las diligencias al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres. El cañón se ha trasladado al Centro Arqueológico Subacuático de Catalunya en Girona, quedando a disposición judicial.

En otra operación, el cuerpo policial ha denunciado a los propietarios de un depósito de residuos y objetos ilegal en Calonge (Baix Empordà) por no tener los permisos necesarios. Pasó el 1 de mayo después de que agentes del Seprona dieran la alerta. Se abrió una investigación y se descubrió que en una finca próxima a la localidad había una gran cantidad de residuos, como colchones, neveras, televisores o lavadoras.

Aquel día, la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar después de contactar con los propietarios. Una vez allí, constataron que había también otros tipos de residuos. Los dueños de todo aquello les explicaron que los terrenos eran de otra propietaria pero que todo lo que había allí era de ellos porque lo que hacían era revender los residuos.

Por todo ello, los agentes los denunciaron por una infracción en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por incumplir la ley. Según el Real decreto 110/2015 estos se tienen que guardar y gestionar de forma segura porque algunos pueden contener sustancias altamente contaminantes. Los denunciados no tenían los permisos necesarios.