Fiscalia pide procesar cargos del Gobierno por organización criminal

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los cuales ya los acusa la jueza. Entre estos, Joaquim Nin, alcalde de Albinyana, quien fue secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat de enero 2016 en junio 2018. La Fiscalía cree acreditado y pide que se incluya que, con respecto a Joaquim Nin, quedaría acreditado que fue a través de una resolución suya que se firmó un contrato de inserción publicitaria en prensa escrita de una conferencia sobre el referéndum catalán en varios medios de comunicación internacional europeos.

Por otra parte, la Fiscalía ha pedido también exculpar a Josep Maria Gispert, como conseller de la empresa Indugraff. En este caso considera que «no existen indicios suficientes que tuviera conocimiento con anterioridad al momento en que se celebró la junta extraordinaria de la empresa que la impresión encargada se refería a documentos del referéndum».

El ministerio público ha presentado un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en que pide añadir este delito a 28 de los investigados para organizar el 1-O, entre ellos la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y diversos exaltos cargos del Gobierno de Carles Puigdemont. En el acto que la Fiscalía pide ahora corregir, la jueza acordó el procesamiento de una treintena de procesados por los preparativos del 1-O, en 17 de ellos por|para un delito de malversación, de manera que los ha impuesto una fianza de 5,8 millones de euros.

El ministerio público cree, sin embargo, que la conducta de los procesados por organizar el referéndum «ha sido conjunta y coordinada, de manera que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlamento, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades.» Según la opinión de los tres fiscales del caso –dos de ellos los de Anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado-, en el caso de los 28 procesados concurren los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo que exige el delito de organización criminal, castigado con penas de hasta ocho años de prisión. Para la Fiscalía, «este complejo de personas con organigrama y planificación previa, provistas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra estas redes perfectamente estructuradas, que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de más envergadura».

Los fiscales creen que existió una jerarquía dada la «participación del presidente de la Generalitat», procesado por rebeldía en la causa del Supremo, «de su vicepresidente (también acusado) y de altos cargos de la Generalitat (consellers también acusados en el mismo procedimiento». También hubo, en opinión del ministerio público, «jerarquía, pluralidad y reparto de papeles». La Fiscalía observa también un «objeto delictivo» en los acusados, que, según el auto de la jueza, con el «firme propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las cuales dispusieron de fondo públicos». Y lo «estabilidad y permanencia en el tiempo», según los fiscales, se desprende de la afirmación de la jueza que los procesados operaron para materializar «el firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012, a celebrar una consulta refrendaria». La Fiscalía pide atribuir organización criminal a 28 investigados y solicita que se procese a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) Àngels Barberà, que estuvo imputada pero a quien la jueza instructora decidió finalmente archivar el caso.

Exculpar a Indugraff

De los procesados, la Fiscalía pide exculpar a Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares, a Josep Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O, Indugraff y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación, en los que la jueza procesó por desobediencia. La Fiscalía pide procesar por organización criminal en diversos exaltos cargos del Gobierno: Antoni Molons –secretario de Difusió-, Joaquim Nin –secretario general de Presidencia–, Jaume Clotet –director general de Comunicación-, Josep Ginesta, Francesc Sutrias –director general de Patrimoni- y Aleix Villatoro –secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior.