Afectados de los atentados en Barcelona y Cambrils denuncian trabas para ser reconocidos como víctimas

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha denunciado el «maltrato institucional» a las víctimas que sufren secuelas psicológicas por los atentados del 17A, y ha exigido mejorar los protocolos para que el Estado no los trate como si sólo buscaran una indemnización.

«Sólo cinco personas han sido reconocidas por el Gobierno español como víctimas psicológicas de los atentados», ha lamentado en una entrevista con Efe Sara Bosch, coordinadora de la UAVAT, una plataforma que ya ha tramitado más de doscientas solicitudes en el Ministerio del Interior, que es el órgano competente para ayudar a las víctimas de terrorismo.

La UAVAT se constituyó a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils (Baix Camp) del 17 de agosto del 2017 y está compuesta por psicólogos clínicos, forenses, psiquiatras y profesionales expertos en la atención a víctimas de acciones terroristas y grandes catástrofes, en colaboración con instituciones y organizaciones como la Asociación 11-M de afectados por el terrorismo.

Desde los atentados, esta plataforma, impulsada por Robert Manrique - una víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987 -, ha gestionado la tramitación de 214 solicitudes para ser reconocidos como a víctimas del terrorismo, entre los cuales se encuentran varios heridos y testigos presenciales, por las secuelas psicológicas que muchos de ellos han experimentado.

Cada persona ha podido realizar, dentro del plazo legal de un año, más de una solicitud - en función de las diferentes tipologías de víctimas establecidas en los protocolos -, cosa que explica que los 214 trámites hayan sido realizados por 114 personas, de las que, hoy día, 68 han tenido una respuesta oficial del Ministerio: 17 solicitudes de ayuda han sido concedidas en su totalidad y 4 de manera parcial, mientras que 47 han sido desestimadas (de estas, 44 pedían ayuda psicológica).

Aunque según datos de la UAVAT el 78% de los testigos presenciales de los atentados sufrieron lesiones psicológicas, Interior «sólo» ha aceptado cinco casos, cuatro de ellos familiares de víctimas mortales.

Los principales argumentos del Gobierno central para justificar las denegaciones son, según la coordinadora de la UAVAT, que no hay evidencia del nexo causal, que no consta en el listado de heridos facilidad por la Generalitat de Catalunya y que no estaba en el lugar exacto de la trayectoria de la furgoneta.

«Centenares de víctimas no lo hicieron lo bastante bien», ha criticado con amargura Bosch en relación con el hecho de que todos estos procesos «son complejos» y «requieren diversa documentación», como un informe de asistencia sanitaria de los días próximos al atentado, una denuncia o un tratamiento realizado por un especialista en psiquiatría o psicología clínica.

Los lamentos de la UAVAT son múltiples: por una parte, «es indignante que en el listado de la Generalitat no consten las víctimas de salud mental», ha dicho la coordinadora de esta plataforma, cuyos datos estiman que en torno al 60% de las víctimas no fueron atendidos por ningún dispositivo de emergencia de atención inmediata porque «los efectos negativos pueden tardar al manifestarse».

«¿No saben (las administraciones) que las afectaciones psicológicas no necesitan el impacto físico?», ha preguntado retóricamente Bosch, quien considera que algunas víctimas, aquel día, «no se atrevieron a acudir a emergencias porque, a diferencia de ellos, otros habían muerto o resultado heridos... ¡Qué lástima que el trauma no lleve instrucciones!», ha denunciado.

Por otra parte, la coordinadora de la UAVAT ha insistido en que «existe una clara contradicción entre las pautas que piden a los especialistas», que sugieren tiempo y paciencia a la víctima, «y las que requieren los protocolos del Estado», según parece «que la actitud de Interior es tratarlos a todos como arrendatarios que sólo buscan la indemnización».

Hasta el momento, la UAVAT ha contado con la subvención del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación, pero el próximo 31 de mayo finaliza el convenio con el consistorio, por lo cual la plataforma se verá obligada a desaparecer si la Generalitat, que en el 2012 cerró el Servicio de información y Orientación a las Víctimas del Terrorismo (SIOVT), no «toma su relevo».

En este sentido, los responsables de la UAVAT están pendientes de reunirse con el presidente del Gobierno, Quim Torra, para «trasladar al gobierno catalán todas las carencias y áreas de mejora que están dentro de sus competencias» porque, «si algo es claro», ha concluido Bosch, «es que tiene que haber una voluntad política más allá del dinero».