La directora de Serveis de Borràs asegura que no tramitó ningún expediente de contratación relacionado con el 1-O

La directora de Serveis del Departament de Governació durante la época de Meritxell Borràs, Josefina Valls, ha asegurado que no tramitó ningún expediente de contratación relacionado con el referéndum del 1-O y que así lo comunicó al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en respuesta a un requerimiento. Valls ha explicado que los dos acuerdos marco que se pusieron en marcha para el suministro de urnas y papeletas se hizo por si había un adelanto de las elecciones en el Parlament de Catalunya. En su declaración en el Supremo, también ha dicho que Borràs les pidió aplicar la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de no destinar ningún gasto a procesos refrendarios y que se respondieran a todos los requerimientos hechos por el Ministerio de Hacienda en relación con el control de las finanzas.

Valls, citada como testigo por la defensa de Borràs, ha explicado que la exconsellera tenía delegadas las competencias de contratación al secretario general del Departament, por un importe superior a los 100.000 euros, y a la directora de Serveis por importes inferiores. Valls ha asegurado que no tramitó ningún expediente relacionado con el 1-O y que tampoco se cedió ningún local que dependiera de Governació para la celebración del 1-O. Además ha asegurado que no enviaron ninguna carta a los ayuntamientos pidiendo que facilitaran locales. A preguntas de la abogacía del Estado, ha admitido que tampoco enviaron ninguna indicación en sentido contrario.

La directora de Serveis también ha explicado que los dos acuerdos marco para el suministro de urnas y papeletas fue una iniciativa del área que tiene la competencia y no de Borràs. «Era totalmente necesario hacer algún tipo de contrato marco para poder tener unas empresas seleccionadas y, cuando hubiera la necesidad, pedir a las empresas el presupuesto y concretar los términos», ha dicho.

Valls ha remarcado que la tramitación de estos acuerdos marco tiene un periodo «más largo» que los 54 días establecidos entre la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones, y que hacía falta tener previsto el material porque ya se habían anticipado dos elecciones en el Parlament en el 2012 y en el 2015. «Se tenía que tener cobertura si se volvían a anticipar unas elecciones», ha dicho.

El acuerdo para las urnas quedó «desierto» porque se presentaron tres empresas. Valls ha explicado que una de ellas se retiró, otra no envió la documentación que se le había requerido y una tercera no cumplía con la solvencia económica que se exigía.

La directora de Serveis ha recordado que las competencias en materia de procesos electorales se traspasó a la vicepresidencia del Govern en julio del 2017 y que el contrato marco para urnas, sobres e instrucciones para las mesas sirvió para las últimas elecciones al Parlament.

A preguntas de la fiscalía, ha reconocido que no fue hasta finales de septiembre que tuvo conocimiento del acuerdo de Govern (del 7 de septiembre) de asumir de manera colegiada los gastos del referéndum. «Me sorprendió un poco porque las competencias de contratación son de los consellers y allí se hablaba de una especie de solidaridad entre consellers», ha dicho Valls que, sin embargo, ha dicho que «no se preocupó demasiado» porque entonces ya no tenía las competencias en procesos electorales.

A preguntas de la abogada del Estado, también ha explicado que cuando hay un contrato marco con un objeto claro (en este caso, la compra de material electoral como urnas o papeletas para elecciones) «no se puede cambiar nunca» después cuándo se hace un contrato derivado. Por eso, a pesar de remarcar que a partir de julio ya no tenía las competencias en procesos electorales, ha dicho este es el procedimiento legal establecido. Y ha remarcado que aquel contrato marco sirvió para comprar material para las últimas elecciones al Parlament de Catalunya.

«Certeza absoluta» del abogado jefe que no se hacía nada del 1-O

También ha comparecido como testigo el abogado jefe del Departament de Governació en la época de Borràs, Xavier Uriós, que ha asegurado que tenía la «certeza absoluta» que «no se estaba haciendo nada en relación con el 1-O», remarcando que hacía años que era letrado del departamento y que tenía conocimiento de cómo funcionaban los procesos electorales. Uriós ha añadido que habría alertado a la exconsellera si hubiera tenido constancia de alguna actuación relacionada con el referéndum «que la hubiera podido comprometer».

Uriós ha asegurado que la providencia del TC se siguió «escrupulosamente» y que con anterioridad tampoco «se estaba haciendo nada en relación mb el referéndum del 1-O». De hecho, ha explicado que hicieron una consulta al Constitucional sobre si el acuerdo marco para las urnas que estaba en marcha estaba afectado y que, aunque no respondió expresamente, a través de una sentencia entendieron que lo que habían hecho era «correcto».

Ante la querella que presentó la fiscalía por el acuerdo marco, Uriós ha dicho que Borràs pidió que se hiciera un informe jurídico y que concluyó que este «no suponía ninguna contratación» ni tenía «ninguna relación» con el referéndum.

El abogado jefe también ha desvinculado la ley para la regulación del voto electrónico que preparaba el departamento del 1-O. «La consellera estaba muy preocupada por los problemas para votar desde el exterior», ha asegurado, añadiendo que hubo un informe favorable del Consell de Garanties Estatutàries, que la ley decayó por el final de la legislatura pero que se ha reprendido a la actual.