La Mesa del Congreso suspende a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull como diputados

La Mesa del Congreso ha suspendido de Oriol Juqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull como diputados de la cámara baja. Ha adoptado la decisión después de una reunión donde el Grupo Socialista, PP y Cs han votado conjuntamente a favor de la suspensión, mientras que los dos representantes de Podemos y En Comú Podem se han pronunciado en contra del que consideran una vulneración de los derechos de los diputados. Según la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la suspensión tiene efectos «desde el día 21 de mayo» en qué accedieron a la condición de diputados. La Mesa ha acordado comunicado el acuerdo a los afectados y encomendar a la Secretaría General del Congreso las medidas para la adopción de las medidas. La Mesa también ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la cámara sobre el «cómputo de mayorías» fruto de la suspensión, esto es para decidir si hay que rebajar la mayoría absoluta a 174 escaños (y no 176) mientras los diputados continúen suspendidos y no renuncien al escaño.

La Mesa del Congreso ha adoptado la decisión después de dos horas de reunión y en medio de la tensión que ha provocado la cuestión. El PP y Cs advirtieron este jueves a Batet que buscarían su dimisión si no suspendía este viernes a los presos, y los populares incluso la amenazaron con una querella por prevaricación y desobediencia.

La Mesa actúa en base a un informe de los letrados que establece que hay que «declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo» los diputados tomados. Lo hace aduciendo al artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y no en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que establece que para sacar las prerrogativas en los diputados hace falta que exista un suplicatorio.

El informe de los letrados, al que ha tenido acceso ACN, también establece que la Mesa tiene que señalar «el alcance de estos suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal», y abre la puerta a una posible modificación de la mayoría absoluta de la cámara.

La Mesa se ampara en el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la suspensión de los diputados una vez sea firme la interlocutoria de procesamiento y se haya decretado la prisión provisional por un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. En este caso «el procesado que estuviera ostentando una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de este mientras dure la situación de prisión».

El Tribunal Supremo, sin embargo, apuntó que una posible suspensión de los presos tendría que venir por la aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que dice textualmente que el diputados quedará suspendido «cuando concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio, y sujeta el auto de procesamiento, se encuentre en situación de prisión preventiva y mientras esta dure».

Marchena situaba de esta manera la decisión en la Mesa del Congreso. La cuestión, sin embargo, es que el Supremo no ha enviado ningún suplicatorio, ni lo prevé hacer en las postrimerías del juicio oral. Por eso los letrados concluyen en su informe que el requisito del suplicatorio no se ha producido y por lo tanto el Reglamento no se puede aplicar en este caso.

La Mesa tendrá que dictar los efectos de la suspensión

Además, los letrados establecen que la Mesa no sólo tiene que suspender a los diputados presos, sino también establecer las condiciones de esta suspensión, porque «se trata de una suspensión en el ejercicio del cargo, diferente, por lo tanto, de los supuestos de suspensión contemplados en el artículo 21 del Reglamento».

Posible rebaja de la mayoría absoluta a 174 escaños

Los letrados abren la puerta a una posible modificación de la mayoría absoluta, que actualmente es de 176 escaños, para adaptarla a la suspensión de los cuatro diputados, hecho que la podría dejar en 174 y facilitar, así, una investidura de Pedro Sánchez aunque los independentistas se decantaran por el ‘no’.

«Correspondería a la Mesa resolver cuestiones tales como el alcance de la suspensión, la determinación del número de miembros de derecho de la cámara durante el tiempo que dure la suspensión», dice el informe, «a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, de la determinación de la composición de los diferentes órganos, de la fijación de cupos, etc.».

El Supremo no tiene nada que decir sobre la vía propuesta por los letrados

Fuentes del Supremo han puntualizado a ACN que aunque su auto hablaba de la aplicación del artículo 21.2 de la Constitución, no tienen nada que decir sobre la vía que proponen a los letrados, que pasa por el 384bis de la LECrim.

Batet apuntó este jueves que con la petición del informe a los letrados buscaba «garantizar que las decisiones que se adopten sean estrictamente conformes a derecho y con seguridad jurídica». Se trata, dijo que la decisión de que adopte la Mesa no se pueda calificar de «política», sino de «jurídica».

Una posible suspensión de los presos obtendrá el apoyo del PP y de Cs, que este jueves advirtieron a la presidenta del Congreso que tenía que suspender de manera «inmediata» Junqueras, Sànchez, Rull y Turull, y advirtieron que impulsarían la reprobación de la presidenta o incluso acciones penales contra ella si no lo hacía.

Queda por ver el papel hacen los dos representantes de la órbita de Podemos. Tanto la vicepresidenta de la Mesa, Gloria Elizo, como el secretario primero, Gerardo Pisarello, han apuntado en las últimas horas que son favorables a una interpretación garantista de los derechos de los diputados, hecho que podría propiciar un voto diferente del Grupo Socialista y la ruptura de la mayoría progresista.