Los escaños de Puigdemont, Comín y Junqueras trasladan la batalla jurídica a la Eurocámara

Los escaños conseguidos por los eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín (Junts-Lliures per Europa) y Oriol Junqueras (ERC-Ara Repúbliques) trasladarán la batalla jurídica a Bruselas y Estrasburgo las próximas semanas. Ante las incógnitas sobre si los tres podrán ejercer como eurodiputados, y con el precedente reciente del Congreso, fuentes de la Eurocámara consultadas por ACN se remiten a las decisiones que tome justicia española de acuerdo con la legislación del Estado. Así, el Parlamento Europeo esperará a ver, en primer lugar, si España autoriza a los europarlamentarios para recoger el acta, y en segundo, si los permite ejercer como eurodiputados y mantener la inmunidad parlamentaria, o por el contrario, envía un suplicatorio.

Según recoge el reglamento interno de la cámara, el primer paso el día siguiente del 26-M es que las autoridades competentes españolas notifiquen al Parlamento Europeo el nombre de los diputados electos «para que puedan tomar posesión de sus escaños desde la apertura de la primera sesión (plenaria)», que este año cae el 2 de julio a Estrasburgo.

El segundo paso es que los eurodiputados electos declaren por escrito que no ejercen ningún cargo incompatible con el escaño de europarlamentario como a muy tarde seis días antes del 2 de julio. Por lo tanto, Junqueras tendría que renunciar al escaño de diputado en el Congreso, y Puigdemont y Comín a los del Parlament.

«Sobre la base de un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara, el Parlamento Europeo procederá a comprobar las credenciales y resolverá sobre la validez del mandato de los representantes electos y posibles impugnaciones», reza el reglamento mencionado.

Credenciales y acatamiento delante de la JEC

Según la LOREG, los cargos electos tienen que jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central», con sede en Madrid. Un informe de los servicios jurídicos de la cámara encargado por el ahora presidente en funciones Antonio Tajani interpretaba en abril que la recogida del acta tenía que hacerse en Madrid, asegurando que, tradicionalmente, se había hecho siempre así.

En el caso de Junqueras, el escenario previsible es que los abogados soliciten un permiso para poder hacerlo físicamente en la JEC, como cuándo recogió el acta de diputado en el Congreso. Si no hay un cambio de criterio, el Supremo lo permitiría y Junqueras podría salir de la prisión para hacerlo en persona.

Por el contrario, en el caso de Puigdemont la estrategia de la defensa es difícil de prever, si bien podrían alegar, por ejemplo, que la presencia física no es necesaria, como en otros países de la UE, o basarse en precedentes como el de Ruiz Mateos, como apuntó en una ocasión la defensa del expresidente.

El caso del exeurodiputado Jordi Sebastià

El exeurodiputado de Compromís Jordi Sebastià recogió su credencial como parlamentario europeo antes de pasar por Madrid a prometer la Constitución. Así lo ha explicado el propio Sebastià a ACN, que ha indicado que como electo pudo hacer todos los trámites en Bruselas y le dieron la tarjeta de acceso a la cámara como parlamentario europeo.

También accedió a la tarjeta que permite votar a los plenos. Sebastià acabó prometiendo el cargo ante la Junta Electoral Central justamente antes de la constitución del pleno, pero habiendo entrado, ya antes, en el Parlamento Europeo como electo. En este sentido, y ante las incógnitas, Sebastià se pregunta «qué hubiera pasado si no hubiera ido a Madrid».

Según la normativa española, si un eurodiputado electo no acata la Constitución, su escaño queda vacante y las prerrogativas que le corresponden suspendidas hasta que haga el acatamiento. El punto de fricción, en este punto, sería si es realmente necesario acatar o no la Constitución físicamente desde Madrid, y desde el entorno de Puigdemont apuntan que el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Inmunidad parlamentaria

El segundo gran interrogante más allá del acta y las credenciales es si, incluso superando los trámites administrativos, Puigdemont, Comín y Junqueras podrán ejercer como eurodiputados y beneficiarse de la inmunidad parlamentaria que supone el cargo.

En el caso de Junqueras, cerrado en la prisión de forma preventiva desde hace más de un año, haría falta que el republicano solicitara asistir a los plenos, una posibilidad que aunque ahora parece remota podría producirse si cuando se constituya el nuevo Parlamento en julio el juicio ya ha quedado visto por sentencia.

Desde la Eurocámara ven difícil que la justicia española cambie de criterio y no descartan que las autoridades les soliciten en algún momento un suplicatorio para suspenderles la inmunidad parlamentaria y mantenerlos como procesados o incluso condenarlos una vez esté la sentencia del juicio del 1-O, en otoño.

La defensa de Puigdemont mantiene que la inmunidad los «cubre» ante todas las autoridades, españolas y europeas, y si bien admite la posibilidad de que la justicia española pida el suplicatorio, anticipa un «fracaso».

En todo caso, fuentes de la Eurocámara aseguran que la institución siempre acuerda levantar la inmunidad de un eurodiputado ante la petición de una autoridad judicial estatal «excepto que se trate de una acusación ligada directamente al trabajo de eurodiputado».

El proceso a seguir una vez una autoridad nacional lo pide, cómo puede ser una fiscalía, es que el presidente del Parlamento Europeo lo comunique en sesión plenaria y lo remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

En caso de llegar hasta este punto, Puigdemont, Comín y Junqueras tendrían derecho a explicarse delante la comisión así como a presentar documentos o pruebas que consideraran pertinentes.

Suspensión de los eurodiputados

A pesar de aplicarse la suspensión de la inmunidad parlamentaria, los eurodiputados mantienen sus escaños en la cámara y la única autoridad que puede retirarles el mandato es la española. «Si un diputado en el Parlamento Europeo es declarado culpable de un delito penal, corresponderá a las autoridades del estado miembro decidir si el interesado tiene que perder su escaño», reza un documento informativo de la institución.

«El Parlamento no tiene atribuciones para suspender diputados, en ningún caso. Tendría que ser la autoridad judicial española competente», concluyen a ACN fuentes europarlamentarias después de que la Mesa del Congreso suspendiera Junqueras, Sànchez, Rull y Turull aplicando la LeCrim.