La ONU ve la prisión de los líderes independentistas como un intento de «reprimir» y «silenciar» sus ideas

El informe del grupo de trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU ve la detención de los líderes independentistas como un intento de «reprimir en miembros de grupos políticos para silenciar su clamor por el derecho a la autodeterminación». En el texto, los expertos reclaman la libertad «inmediata» de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras y cargan duramente contra el Estado español por un encarcelamiento «arbitrario» que consideran que viola derechos fundamentales, entre los cuales citan la libertad de opinión, de reunión o de conciencia. Además, el texto también asegura que se les ha negado su derecho a un «juicio justo» y a un tribunal «independiente e imparcial», y lamenta que se les vulnere, también la presunción de inocencia. En este sentido, afirma que la privación de libertad de Cuixart, Sànchez y Junqueras contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En lo largo del texto, de unas veinte páginas, se constata también que las acciones de Cuixart, Sànchez y Junqueras, anteriores o posteriores al 20-S «no fueron violentas, tampoco incitaron a la violencias y sus conductas no han dado como resultado hechos o actos de violencia». «Al contrario, consistieron en el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación», reza el documento.

El texto añade también la «preocupación» mostrada por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a al libertad de opinión y expresión en tanto que las detenciones estuvieron «directamente relacionadas con llamamientos a la movilización».

Por otra parte, el grupo de trabajo «toma nota» de la resolución del tribunal alemán de Schleswig Holstein a raíz de la euroorden contra Carles Puigdemont, asegurando que este tribunal «no encontró elementos de violencia en los hechos imputados, necesarios para el delito de rebelión».

La inexistencia del elemento de violencia y la ausencia de información convincente sobre hechos atribuibles a Cuixart, Sànchez y Junqueras que les involucren en conductos constitutivas de los delitos imputados ha generado «convicción» en el grupo que las acusaciones penales en contra suya contra tienen por objeto «coaccionarlos» por sus opiniones políticas y «inhibirlos» de continuar con esta pretensión en el ámbito político.

Juicio y falta de presunción de inocencia

En el escrito, los expertos de la ONU consideran también que no existía base para la detención preventiva y el juicio y afirman que, como ya se está llevando a cabo, analizarán si se han respetado elementos fundamentales de un juicio «justo, independiente e imparcial».

De hecho, el grupo ya determina que las «injerencias públicas que condenan abiertamente los acusados» antes de la sentencia vulneran la presunción de inocencia y constituyen una «injerencia indebida que afecta la independencia e imparcialidad del tribunal».

En este sentido, el informe menciona, entre otros, la información recibida por los abogados de los presos en relación a las declaraciones de la entonces vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre decapitar a los partidos independentistas. También considera «inverosímil» el juicio en un contexto «convulso» de confrontación política entre Cataluña y España y cuando «líderes políticos» hacen comentarios púbicos acusándolos de violentos y «mostrando a la ciudadanía una anticipada responsabilidad penal» de los acusados.

Para los expertos, todos este tipo de comentarios «pueden llegar a influir sobre la imagen» de los líderes independentistas, tanto la que tiene la ciudadanía como los propios jueces.

Además, el informe considera que los encausados no han sido juzgados por el tribunal pertinente e incluso asume que los magistrados tienen «ideas preconcebidas» sobre los líderes independentistas.

En este sentido, menciona que la Audiencia Nacional decidió no probar unos hechos porque, dice, «todo el mundo los conocía».

El documento también lamenta que no se dejara a los líderes independentistas bastante tiempo para preparar «debidamente» su defensa, cosa que vulnera su derecho a un juicio justo.

Libertad inmediata y seguimiento

En su texto, el grupo insta el gobierno español a «inmediatamente» en libertad los tres presos, concederles el «derecho efectivo» a una indemnización y otros tipos de reparación y hacer una investigación «exhaustiva e independiente» de las circunstancias en turno a su privación de libertad. Así, pide que se adopten medidas «pertinentes» contra los responsables de la violación de sus derechos.

El grupo de trabajo también solicita un seguimiento de la aplicación de sus recomendaciones y por eso pide que se informe si se ha puesto en libertad a Cuixart, Sànchez y Junqueras y en cuál fecha, así como si se los ha indemnizado o reparado y se ha hecho una investigación sobre la «violación» de sus derechos.

Aparte, el grupo se ofrece al gobierno español para facilitarle «asistencia técnica adicional» si tiene «dificultades» en la aplicación de las recomendaciones y pone como ejemplo la opción de una visita del Grupo de Trabajo.

Según se estipula en la comunicación, el gobierno español y la fuente de la demanda disponen ahora de seis meses desde la fecha de transmisión de la opinión para facilitar la información solicitada sobre la petición de liberación. Con todo, se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan nuevos motivos de «preocupación» respecto del caso.