La JEC advierte a los concejales electos que tienen que acatar la Constitución para acceder al cargo

La Junta Electoral Central (JEC) ha emitido una resolución en la cual recuerda a los concejales surgidas de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo que tienen que acatar la Constitución para acceder al cargo y que «sólo» se considerarán válidos las fórmulas de juramento o promesa «que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada» de acatar el texto constitucional. El acuerdo de la JEC, tomado este mismo lunes, es fruto de una consulta de las entidades contrarias a la independencia de Catalunya Impulso Ciudadano y Aixeca't-Levántante sobre la campaña de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) que propone a los electos que prometan o juren el cargo «por la república catalana».

La iniciativa de la AMI, hecha pública a principios de mayo, pretende que los concejales escogidos asuman el cargo haciendo referencia a su compromiso con la independencia. No obstante, la vicepresidenta de la entidad, Annabel Moreno, puntualizó durante su presentación que la fórmula tiene que servirse una vez hecha la promesa o juramento que prevé el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) a fin de que no se invalide el acto de toma de posesión. Según explicó entonces, cuentan con el «amparo legal» de un informe jurídico que sostiene que, así, el juramento no puede ser anulado.

La organización envió a los alcaldes de los 786 municipios adheridos una carta explicando la campaña y unas tarjetas con la fórmula que proponen para que lo hagan llegar a sus concejales. En una campaña similar que llevaron a cabo el año 2015 consiguieron que el 46,18% de concejales catalanes utilizaran su fórmula: 4.192 de 9.077 ediles. Para los consistorios que se constituyan a partir de esta semana, la AMI sugiere que los concejales manifiesten «el firme compromiso con los valores de la república catalana» y declaren que seguirán trabajando por «una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada».

La advertencia de la JEC, sin embargo, deja claro que esta fórmula no exime de subordinarse a la carta magna, ya que su artículo 9.1 establece que «los ciudadanos y los poderes públicos quedan sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» y, por lo tanto, considera imprescindible expresar públicamente el acatamiento a la norma.