La abogada de Borràs dice que fiscalía y Abogacía del estado buscan una condena por «malversación posmoderna»

La abogada de la exconsellera de Governació, Meritxell Borràs, Judit Gené, ha asegurado este miércoles por la mañana que la fiscalía y la Abogacía del estado buscan una condena por «malversación posmoderna», «sustentada» por la «rebelión posmoderna» que las defensas aseguran que también buscan las acusaciones. Según ella, la rebelión «sin alzados ni alzamiento público y violento» se completa con una malversación «sin perjuicio económico, sin importar la fecha y sin importar el departamento». En su informe final, la letrada ha dicho que su cliente actuó siempre convencida de que actuaba legalmente, y ha recordado que volvió de Bélgica para declarar en la Audiencia Nacional y siempre ha respondido a todas las preguntas.

En su alegato final, de unos 45 minutos, Gené ha criticado las dos acusaciones públicas por su «sesgo» y «celo acusatorio», al considerar que se han fijado sólo en los hechos que perjudican a los acusados y «no han analizado los hechos en su globalidad, como sería la obligación del que defiende la legalidad, el imperio de la ley y la justicia para proteger el estado». Así, ha puesto de ejemplo que las acusaciones no aceptan los documentos firmados por catedráticos de derecho penal o las opiniones del ponente del delito de rebelión, pero sí que aprovechan un informe de Reporteros sin Fronteras crítico con la Generalitat. «Cuando las conferencias hablan de cosas que no les gustan, son malversación, cuando la policía depende de la Generalitat, es un cuerpo al servicio de la rebelión, cuando la televisión depende de la Generalitat, es acusada de desobediencia, cuando los visitantes internacionales tienen opiniones que no gustan a fiscalía, el viaje y estancia es susceptible de malversación», ha lamentado.

Gené se ha centrado sobre todo en el delito de malversación, afectara o no su a cliente. Sobre el CTTI ha dicho que no hizo nada para Governació y que el 'call-center' estaba en obras en octubre y la primera vez que se utilizó fue para las elecciones del 21-D. También ha asegurado que Governació no cedió ningún local para el referéndum, y que ninguna campaña publicitaria ni cartelera del referéndum fue impulsada por este departamento, recordando, además, que Borràs no tenía competencias electorales desde julio del 2017. Ha recordado igualmente que Unipost no tenía ningún contrato marco con Governació y que esta conselleria no tenía ninguna de las cinco facturas pro forma que emitió la empresa de correos a la Generalitat. De hecho, ha dicho que el contrato investigado en junio del 2017 para homologar empresas que fabricaran material electoral no tenía nada que ver con Unipost. Además, ha añadido que las cuentas de TV-3 dependen de la Generalitat y, por lo tanto, el perjuicio económico de los anuncios del 1-O no serían tales.

La abogada ha explicado que durante la instrucción y el juicio en el Supremo no se ha encontrado ningún gasto de Governació vinculado al referéndum, y eso ha sido avalado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la directora de servicios del departamento y otros altos funcionarios que supervisaban y revisaron a posteriori los contratos y gastos.

De los acuerdos y decretos del Govern del 6 de septiembre, firmados por todos los consellers, Gené ha dicho que eso no puede «obviar» las competencias de cada departamento ni hacer que todos los consellers «respondan en bloque de la malversación». «Fue un acuerdo político que se quedó en el plano político y declarativo, no tuvo ningún efecto práctico, habla en futuro y a partir de esta fecha no hubo ningún gasto, lo han dicho todos los testigos», ha dicho Gené.

Gené ha dedicado buena parte de su discurso a rechazar la supuesta malversación del Diplocat, consorcio público-privado, que durante el otoño del 2017 hizo lo mismo que en años anteriores, como fue invitar expertos internacionales o encargar estudios y conferencias sobre autogobierno. «Podemos considerar que es dinero malgastado, pero igual en el 2017 que en el 2016», ha relatado, recordando también que el Diplocat pagó facturas en enero del 2018, cuándo ya estaba bajo el control del artículo 155. Sobre los supuestos observadores internacionales el día del referéndum, Gené ha recordado que ningún testigo ha dicho durante el juicio que viera ninguno en los colegios electorales.

Críticas a Vox

Sobre la acusación de organización criminal hecha por Vox ha dicho que los hechos descritos en el auto de procesamiento del magistrado instructor Pablo Llarena no permiten la acusación por este delito. Así, ha recordado que Vox no recorrió la exposición de hechos. De hecho, ha dicho que no existe el elemento finalista de la organización criminal, que serían una serie de personas concertadas para distribuirse los roles para cometer un delito. «No todos los delitos cometidos por una organización la convierten en una organización criminal», ha dicho.

También ha criticado a Vox por retirar, en sus conclusiones definitivas, la acusación por malversación y organización criminal contra el exconseller Santi Vila y no hacerlo por otros consellers, cosa que considera «abusivo y discriminatorio». «Retiró la acusación por hechos absolutamente idénticos y no lo justificó», ha denunciado, y por eso ha pedido a los magistrados que no tengan en cuenta estas conclusiones definitivas.

De su cliente, ha concluido que «se equivocó o no», pero «no pensaba que actuaba al margen de la ley», no se ha encontrado ningún correo electrónico suyo vinculado al 1-O ni aparecía en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, y nunca ha tenido ninguna actitud «altiva, prepotente o de superioridad moral».