La jueza del 13 rechaza procesar por organización criminal 27 investigados por el 1-O como pedía la fiscalía

La titular del juzgado de instrucción número 13 ha rechazado procesar por organización criminal 27 investigados por el 1-O, tal como pedía la fiscalía. La petición afectaba cargos del Gobierno, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y empresarios. También quería incluir a la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barbarà, que no está investigada en esta causa. Además de rechazar eso, la jueza también levanta el procesamiento de dos cargos de la Generalitat y de un empresario. La fiscalía había posicionado en el mismo sentido. Se trata de Meritxell Masó, entonces secretaria general del Departament de Governació y ahora de Presidència; Montserrat Vidal, del área de Processos Electorals i Consultes Populars, y José María Gispert, gerente de Indugraff Offset S. A.

En su escrito, la jueza argumenta que no incluyó el delito de organización criminal en su auto de procesamiento porque este tipo tiene como características la agrupación de más de dos personas por cometer delitos de forma estable, y con un reparto de tareas de manera concertada y coordinada. «No resulta de las actuaciones que se contara con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal ni que existiera un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio», apunta.

De todos modos, también recuerda que este documento de procesamiento sirve para delimitar el «marco fáctico para evitar que puedan producirse acusaciones sorpresivas», pero las acusaciones pueden calificar los hechos como un delito de organización criminal cuando les toque posicionar después de la instrucción.

Con respecto a la petición de fiscalía de procesar a Maria Àngels Barbarà, la jueza señala que la Autoritat Catalana de Protecció de Dades recibió denuncias diversas y se puso en contacto con fiscalía y con el juzgado número 13 al respecto, con cinco peticiones diferentes. Por lo tanto, rechaza que se pueda decir que no actuó.

En respuesta a los recursos presentados por diferentes encausados, la jueza apunta que en su escrito de procesamiento expuso los indicios que existen contra ellos, «que son más que una mera posibilidad», y recuerda que en este punto del procedimiento «no se exigen certezas absolutas ni pruebas inequívocas y concluyentes». «El hecho de que los recurrentes no se muestren conformes con las consideraciones fácticas y jurídicas no elimina los indicios que estuvieron expuestos», añade.

No se siente vinculada con la fianza del Supremo

Con respecto a la fianza, el juzgado número 13 «no se siente vinculado por las decisiones tomadas por otros juzgados en procedimientos diferentes», es decir, no acepta que la fianza depositada en el Supremo sirva también para cubrir esta causa. Esta, dice, es «para asegurar las responsabilidades pecuniarias de otras personas en otro procedimiento». También apunta que se trata de una fianza de carácter solidario porque parece que todos habrían actuado «conjunta y concertadamente».

La titular del juzgado número 13 también se refiere a los correos aportados por Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, en respuesta a comunicaciones de Martí Patxot, director comercial de la CCMA, y de Núria Llorach, presidenta en funciones, que le pedían su autorización para emitir la publicidad de la Generalitat sobre el 1-O. La jueza apunta que estos documentos «no desvirtúan los indicios racionales que Gordillo pudo cometer un delito desobediencia». Los correos, continúa, ponen de manifiesto que el director de Catalunya Ràdio «considera que no es competencia suya» pronunciarse sobre la emisión de estos anuncios, sin embargo «lo acaba autorizando» cuando acaba diciendo que «no ve problema» o que «para desbloquear la situación, no tiene objeción dentro de sus competencias». La presentación de estos documentos «no anulan los indicios racionales contra Gordillo», insiste.

En respuesta a Vox, el juzgado número 13 rechaza el procesamiento de Santiago Vidal y de Carles Viver i Pi Sunyer, porque «no hay indicios, sino meras sospechas». A su parecer, que asesoraran jurídicamente a la Generalitat «no los convierte en cooperadores necesarios».

También rechaza procesar por descubrimiento y revelación de secretos a Josep Ginesta y David Palanques, como pedía fiscalía, porque no considera que tener ciertos documentos en su ordenador implicara la revelación de secretos. Deniega, finalmente, procesar por desobediencia a 14 personas más ya encausadas por otros delitos.