Marina Roig: «La defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos»

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha criticado que se haya «criminalizado» derechos fundamentales como el de expresión o reunión y que se haya perseguido al presidente de Òmnium por impulsar la movilización social. «La defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos», ha afirmado durante el informe final. Además ha dicho que criminalizar estos derechos no se puede entender como una «defensa de la Constitución», y ha criticado que desde algunos poderes del Estado se vea como una «amenaza» el derecho a manifestarse. «La Constitución no se entendería sin las movilizaciones de los años 70», ha puesto de ejemplo. También ha acusado el teniente coronel a Daniel Baena de «servir en bandeja un vocabulario que permitiera a la fiscalía acusar por rebelión y hablar de golpe de estado y periodo insurreccional». «Pero el nombre no hace la cosa, son palabras vacías de contenido si las contrastamos con las pruebas del juicio», ha manifestado. Al final del informe, ha solicitado la «libertad inmediata» para Cuixart.

En la exposición del informe final, la letrada Marina Roig ha defendido que Cuixart siempre hizo llamamientos a la calma y que «nunca quiso impedir la actuación judicial, sino protestar por ella». Por lo tanto, entiende que toda su actuación está amparada por los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Marina Roig ha dicho que los daños en los vehículos «no pueden retirar la calificación de manifestación pacífica» al 20-S y no se pueden atribuir a los organizadores. Por lo tanto, ha basado los argumentos al defender los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión y ha negado que los hechos puedan encajar en los tipos de la rebelión –que requiere de violencia y alzamiento público- ni tampoco de sedición, porque cree que no se alteró gravemente la paz pública. «No es hacer posible una ponderación entre la unidad de España y los derechos fundamentales», ha aseverado, que cree que no se puede considerar que unos hechos son, a la vez, delito y ejercicio de derechos.

La letrada ha recordado que en los primeros informes de la Guardia Civil se hablaba «de actos de desafección» hacia la Guardia Civil pero que, con el tiempo, el lenguaje «mutó» para encajar en el delito de rebelión, aunque los hechos eran los mismos. «Basar la rebelión en muestras de desafección habría quedado descafeinado, pero el nombre no hace la cosa, las palabras quedan vacías de contenido si las contrastamos con las pruebas del juicio», ha remarcado.

20-S: «No había intención de impedir la actuación policial»

La abogada de Cuixart ha remarcado los llamamientos que el presidente de Òmnium hizo durante toda la jornada del 20-S para reclamar que la movilización «tenía que mantener un carácter pacífico, sereno y tranquilo», ya sea a pie de la concentración, encima del escenario, a través de Twitter o en entrevistas a medios de comunicación. «Exhortó expresamente a la ciudadanía a no comportarse de manera violenta», ha dicho, de manera que cree que su actuación se ampara en el «derecho de reunión».

Roig también se ha referido al momento en que Cuixart y Sànchez suben en los vehículos de la Guardia Civil para desconvocar la concentración por segunda vez y ha justificado expresiones como «desde este altar majestuoso», utilizado por la fiscalía recurrentemente durante el juicio, como un intento para que los concentrados «se marcharan hacia casa» y la comitiva judicial pudiera salir. Para Roig, «no había intención de impedir la actuación policial, sino de protestar por ella».

Sobre los daños a los vehículos de la Benemérita, Roig ha defendido que estos no pueden retirar «la calificación de manifestación pacífica» a la movilización y, además, «no se puede atribuir los incidentes a los organizadores». De hecho, durante su informe, la abogada ha citado algunos informes internacionales según los cuales «los hechos esporádicos de violencia que pasen dentro de una manifestación que se plantea como pacífica no tendrían que privar al resto del derecho de manifestarse pacíficamente».

«Desconfianza absoluta» de la Guardia Civil el 20-S

Roig ha argumentado que el 20-S la Guardia Civil partió de una «desconfianza absoluta» hacia la posición de la ANC y del entonces presidente de la entidad Jordi Sànchez, y que hizo una «mala interpretación» de su voluntad para organizar la concentración que había de Economia. Y también ha criticado que la Guardia Civil no conociera las técnicas de mediación de los Mossos. «Hasta al mediodía es que hubo una falta de entendimiento absoluta por parte de la Guardia Civil, que tenían que mantener una interlocución con los organizaciones para que la reunión se pudiera hacer y dentro se pudiera hacer el trabajo», ha dicho.

1-O: «No se ha probado la violencia generalizada»

Sobre el 1-O, Roig ha alegado que la fiscalía «no ha aportado ninguna prueba de la violencia generalizada» y ha argumentado que sólo se produjeron hechos aislados. «Los insultos después de la actuación policial o que individuos aislados tiraran una silla o dieran una patada no convierte los hechos en violentos», ha manifestado Roig, que cree que tampoco pueden suponer la violencia necesaria para condenar por rebelión. En cambio, sí ha defendido que hubo «resistencia pacífica en 35 colegios que no querían impedir la actuación policial, sino protestar» y, en algunos casos, «retrasarla». Para Roig, «no es posible sostener» que el 1-O hubo «la violencia que se requiere para doblegar la voluntad del estado y poner en escaque el orden constitucional». En este sentido, ha hablado de gente sentada en el suelo, con brazos alzados o entrelazados y ha dicho que son «técnicas de desobediencia civil».

Con respecto a la actuación de Cuixart aquel día, Roig ha defendido que los tuits que hizo fueron para pedir a la ciudadanía que mantuvieran una «actuación pacífica» y sostiene que a los ciudadanos que se concentraron ante los colegios «se les tiene que otorgar la protección del derecho de reunión» y ha denunciado que hubo actuaciones policiales «sin aviso, utilizando las porras contra personas que no suponían ninguna amenaza». También ha criticado la «desproporción» policial en algunos centros y ha tirado dudas sobre la prueba que se ha practicado sobre los agentes heridos.

El valor de los que votaron 'no'

Roig también ha puesto en valor a los «más de 170.000» ciudadanos que participaron el 1-O y votaron que no. «Tenemos que entender que no querían declarar la independencia», ha dicho. Y también ha negado ningún «concierto» entre el Govern y las entidades sociales. «No se ha practicado prueba de un concierto estratégico más allá de compartir deseo autodeterminación», ha afirmado.

Por todo ello, niega que Cataluña viviera el otoño del 2017 un «periodo insurreccional» como sostiene la fiscalía (y había apuntado el instructor de los atestados de la Guardia Civil, el teniente coronel Daniel Baena) y ha defendido que la ciudadanía tenía derecho a protestar. «Una parte importante del mundo independentista y no independentista salió a la calle para mostrar el compromiso con las instituciones y los derechos fundamentales y lo hicieron ejerciendo estos derechos, con la conciencia que defendían lo que supone también una parte importante de la Constitución», ha manifestado.

Petición de libertad «inmediata»

Al final de su informe, Roig ha pedido la puesta «inmediata» en libertad de Cuixart por considerar que se están vulnerando sus derechos y defendiendo que su actuación no merece ninguno rendir penal y que, por lo tanto, se lo tiene que absolver.

Marina Roig también ha reprochado a la fiscalía que haya «despreciado» el informe del grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y no le haya hecho ninguna referencia. Y ha recordado que hay sentencias de esta misma sala que se dicen que estas resoluciones se tienen que atender.