Amnistía Internacional pide de nuevo la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez
La organización también cree que la situación de prisión provisional de los políticos independentistas tiene que ser revisada judicialmente
Cuixart defiende el derecho a seguir protestando y alerta de que de este juicio «depende la calidad democrática del Estado»
Amnistía Internacional ha enviado una carta a la fiscalía donde ha defendido una vez más que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tienen que quedar en libertad. A su parecer, el fin del juicio en el Tribunal Supremo tiene que implicar una revisión de su situación y su excarcelación. La organización ha lamentado que justamente lunes, la fiscalía se opusiera a la puesta en libertad de Sànchez. Por otra parte, también cree que la situación de prisión provisional de los políticos independentistas tiene que ser revisada judicialmente. Amnistía Internacional alerta que según los estándares internacionales de derechos humanos, cuanto más se alarga la prisión provisional, más necesidad hay de un «examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada».
Amnistía Internacional ha recordado que el Tribunal Supremo remarcó que la celebración del juicio oral era un «elemento de ponderación indispensable» que aconsejaba descartar la libertad de Sànchez, y subrayaba que la prisión provisional se orientaba a asegurar su presencia durante la vista.
Con respecto a Jordi Cuixart, el Tribunal Constitucional desestimó su recurso de amparo y argumentó la proximidad temporal del juicio oral, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que reconoce como una finalidad legítima de la prisión provisional el hecho de poder asegurar la presencia del imputado en el juicio.
Amnistía Internacional ha señalado en repetidas ocasiones que si se demuestra que Sànchez y Cuixart convocaron manifestaciones los días 20 y 21 de septiembre del 2017 para impedir una operación policial lícita eso podría ser objeto de reproche penal. Pero añade que «la respuesta por parte de las autoridades no puede suponer una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos como son los de expresión y de reunión pacífica».
De hecho, la entidad ya ha expresado preocupación por la naturaleza de los tipos penales -rebelión o sedición- de los cuales se les acusa. A su parecer, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se han juzgado, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Catalunya. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite los estados imponer algunas restricciones en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinadas finalidades legítimas, como proteger el orden público o la seguridad nacional, las autoridades tienen que demostrar que estas restricciones son «necesarias y proporcionadas con el objetivo perseguido, cosa que no ha pasado en este caso.»
En más, la entidad ha apuntado que según el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión «para ejercer su función protectora [...] tienen que ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado». Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que llevan a privación de libertad, dice AI, pueden constituir una «restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión».
La entidad también pide que se revise la situación de prisión provisional de los políticos independentistas. Esta petición, observa, «no supone en ningún caso una valoración sobre su responsabilidad penal».
Amnistía Internacional ha observado todas las sesiones del juicio en el Supremo, como es habitual en este tipo de procesos, pero no hará pública su valoración hasta que no se emita sentencia.
«Criterios de necesidad y proporcionalidad»
En declaraciones a ACN, la coordinadora de la ONG, Adriana Ribas, ha dicho que «en base a los estándares internacionales de Derechos Humanos, contra más se alargan las medidas de prisión preventiva, más importante es que haya revisiones regulares y periódicas que valoren criterios de necesidad y proporcionalidad». En este sentido, ha lamentado que la Fiscalía no se haya mostrado favorable de la liberación de Sànchez.
Ribas también pide una «revisión de la prisión preventiva» para el resto de encausados en el juicio del 1-O, puesto que «el contexto también cambia por ellos», pero ha explicado que la entidad se ha centrado en Sànchez y Cuixart porque «eran ciudadanos particulares y presidentes de una organización de la sociedad civil».