La Audiencia Nacional investiga 15 empresas por el presunto pago de comisiones a CDC

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga 15 empresas y entidades por el presunto pago de comisiones a Convergència Democrètica de Catalunya, según el escrito que ha avanzado 'El Periódico' y a las cuales ha tenido acceso la ACN. Entre estas empresas están la Fundación ACS y las constructoras Copisa, Teyco y Urbaser. De la Mata investiga si estas firmas pagaron comisiones de hasta el 3% en la extinta CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. El magistrado investiga las 15 firmas por delitos de tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales. Las cita para principios de julio. Aparte, también cita el extesorero de CDC Daniel Osácar, el presidente de la constructora Teyco, Jordi Sumarroca Claverol –hijo de Carles Sumarroca, fundador del partido- y el expresidente de la empresa pública GISA, Josep Lluís Quer.

Según De la Mata los investigados orquestaron una estructura para financiar de manera ilegal CDC. Para hacerlo, dice, «alteraban todo tipo de concursos públicos» con el objetivo de otorgarlos a una serie de empresas que, a su vez, hacían «donaciones» a dos fundaciones vinculadas al partido, Catdem y Forum Barcelona.

En el escrito se puede leer que, con los pagos, las empresas perseguían mantener una buena relación «con el partido y sus jerarcas» y ser «elegibles» en contratos futuros. Según De la Mata, el extesorero de CDC Andreu Viloca llevaba un control «exhaustivo» de las licitaciones que ofrecían administraciones controladas por los antiguos convergentes.

Otro rasgo que destaca De la Mata, es que las empresas buscaban «disimular» las donaciones a través de diferentes entidades y pagando a las fundaciones, en lugar de al partido. El magistrado investiga, «de momento», licitaciones por valor de 218 millones de euros, que habrían comportado comisiones irregulares superiores al millón.

Entre las administraciones donde habría habido irregularidades en las concesiones de contratos públicos está el Ayuntamiento de Olot, por un contrato de servicios públicos de recogida de residuos por valor de 2,5 MEUR más IVA; el Consorcio de Educación de Barcelona, por obras de mantenimiento de los edificios escolares públicos, dos lotes por valor de más de 9 MEUR más IVA; la empresa pública de infraestructuras GISA; el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages; el Puerto de Barcelona, por un contrato de 39,5 millones de euros más IVA; la Autoridad Portuaria de Barcelona, por un contrato de valor similar; Bimsa, por diferentes contratos en Barcelona; la Diputación de Barcelona, por obras por valor de 253 millones; el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, o la empresa pública Infraestructuras.cat, entre otros.