Judicial
Una asociación de penalistas propone rebajar algunas penas a los delincuentes sexuales
El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) cree que algunas penas del Código Penal son «excesivamente altas» y hay que reajustarlas para hacerlas más proporcionales
Detenido un hombre en Torredembarra acusado de agredir a su compañero de piso con un cutter
Una asociación de penalistas propone rebajar algunas penas de prisión para los delincuentes sexuales y rechaza aumentarlas indiscriminadamente porque, según ellos, ya son «excesivamente altas» y no sería justo. En un comunicado del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) se propone rebajar la edad de consentimiento de los menores, actualmente en 16 años, no equiparar la actuación en grupo a violencia ni abuso a agresión. Sí que proponen castigar más duramente la anulación de la voluntad de la víctima mediante drogas o fármacos.
«El reajuste de la regulación no tiene que conducir a un incremento generalizado de las penas, ya excesivamente elevadas, sino a una regulación más diferenciada que incluya rebajas de algunos marcos penales actuales», afirma. Por eso, cuestiona que todos los delitos comporten penas de prisión, cosa «que» supondría «renunciar a otras penas más adecuadas a la entidad de las conductas y a las necesidades preventivas», y también rechazan que se endurezca indiscriminadamente el régimen penitenciario de los delincuentes sexuales porque «ignora el buen pronóstico que la criminología atribuye a un tratamiento adecuado de la mayoría de estos delincuentes».
La asociación considera que no se pueden equiparar las penas de todos los delitos sexuales, aunque admite que se puede introducir alguna «corrección» al alza como por ejemplo en los casos que se anula la voluntad de la víctima mediante fármacos o drogas.
También pide «precaución» a la hora de equiparar cualquier atentado sexual en grupo con la violencia o la intimidación, porque puede «incrementar la pena de manera desproporcionada en casos que no lo merecen tanto».
Con respecto a los agravantes de los actos no consentidos en el ámbito de la pareja, la asociación propone que habría que exigir primero la acreditación que el atentado sexual ha tenido lugar en un «contexto efectivo de dominación de género», o al menos limitarlo a los delitos sexuales más graves.
Además, apuestan por rebajar la edad a la que los menores pueden consentir de forma válida y legal los actos sexuales. La edad vigente actualmente, los 16 años, referida a cualquier comportamiento sexual, «desconoce y dificulta el proceso de aprendizaje sexual».
Por último, consideran arriesgado que todas las penetraciones se califiquen como violación y que se elimine el término «abuso» por el de agresión en todos los casos. Eso podría suponer perder matices en los delitos y penas, y, además, «consolidar y expandir el término violación», cosa que supone reforzar el protagonismo del concepto de penetración, que lleva a un derecho penal sexual genitalizado o falocéntrico, que arrincona aquello más importante: el atentado a la libertad sexual y sus modalidades».
El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) es una asociación creada en 1989 como un grupo de trabajo permanente para aportar alternativas progresistas en materia de política criminal, y está formada por más de 200 penalistas entre jueces, fiscales, catedráticos y profesores de universidad, entre los cuales Yolanda Rueda, magistrada de la Audiencia de Barcelona. Este comunicado sale de una reunión a finales de mayo pasado a Jaén, antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada.