Sucesos
A prisión el hombre que se entregó a la policía después de matar su pareja en Terrassa
El hombre mató a la mujer apuñalándola con dos cuchillos y unas tijeras
El juzgado de violencia sobre la mujer de Terrassa ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el miércoles se entregó a la policía explicando que había matado su pareja. Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrado ha citado al detenido este viernes como investigado por un delito de homicidio, si bien el hombre se ha acogido al derecho a no declarar. Aparte de la prisión provisional, el juez también ha acordado como medida cautelar una orden de alejamiento del detenido respecto de las hijas que tenía con la víctima. Según apunta el magistrado, el hombre mató a la mujer apuñalándola con dos cuchillos y unas tijeras.
Al auto dictado este viernes, el juez justifica la prisión provisional el hecho de que se trata de un delito de homicidio que posteriormente podría derivar en un caso de asesinato, mientras señala que hay «motivos suficientes» para considerarlo autor del crimen.
Si bien el hombre se ha acogido al derecho a no declarar, el juez recuerda que él mismo acudió a la comisaría de la policía española para confesar que había muerto su mujer. En este sentido, el magistrado añade que las investigaciones hechas en el lugar del crimen –el levantamiento del cadáver y la recogida de huellas- constatan que él fue el autor de los hechos, y apunta que mató a la mujer con varias heridas de arma blanca provocadas por dos cuchillos y unas tijeras.
Finalmente, el magistrado justifica la prisión provisional para asegurar la presencia del hombre durante toda la investigación, ya que considera que existe riesgo de fuga «evidente» a causa de las penas elevadas a que se expone por haber matado a su mujer. El juez también constata que hay riesgo de reiteración delictiva y de actuación contra los bienes de la víctima.
Con respecto al orden de alejamiento de las hijas, el magistrado concluye que las menores necesitan una «tutela necesaria y una protección precisa ante el riesgo de cualquier contacto con el investigado». Por eso le prohíbe aproximarse a sus domicilios, centros de estudio o cualquier lugar que frecuenten, a una distancia inferior a los 1.000 metros ni comunicarse a través de cualquier canal.