Alerta Solidària no ha podido hablar con los detenidos y denuncia una «guerra sucia comunicativa»

El portavoz de Alerta Solidaria, Xavier Pellicer, ha explicado que los abogados todavía no han podido ni hablar con los siete miembros de los CDR que han pasado la noche a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. En entrevistas a varios medios de comunicación, el portavoz de la organización que se encarga de la defensa de los independentistas detenidos ha denunciado una «guerra sucia comunicativa». En este contexto, Pellicer ha lamentado que la Audiencia Nacional actúe para perseguir delitos futuros que todavía no han pasado y lo ha enmarcado en la creación de un «relato de criminalización que tiene poco que ver con la realidad».

Según ha explicado Pellicer, la Guardia Civil ha confiscado material informático, ordenadores, tabletas, teléfonos y libretas, pero no tienen ninguna información que tuvieran previsto atentar. Los siete miembros de los CDR que continúan detenidos están investigados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Alerta Solidària ha subrayado que se está hablando de uno futurible y de un delito intencional. «Lo que no se puede hacer las perseguir delitos futuros que todavía no han pasado». Un hecho que, según ha añadido, pone en duda la presunción de inocencia.

Pellicer ha considerado que en un estado democrático no tendría que ser normal que todavía no se hayan podido comunicar con los detenidos y ha añadido que forma parte de «la estrategia de sembrar caos y miedo». De hecho, según ha afirmado, no les han comunicado ni que los detenidos han sido trasladados a Madrid. Ahora están a la espera de saber si se podrán entrevistar con ellos y todavía no se los ha notificado si lo podrán hacer a lo largo del día de hoy ni cuándo pasarán a disposición judicial.

Pellicer denuncia que se trata de una operación con un «claro objetivo político y electoral» y lo ha enmarcado en un clima preelectoral y ante la proximidad de la sentencia. «Es un golpe sobre la mesa del PSOE para intentar mostrar una imagen determinada de cara a las elecciones. Y un aviso para navegantes para frenar movilizaciones próximas de cara a la sentencia», ha afirmado. Por otra parte, ha añadido que se trata de un modus operandi similar al de otros casos como el de Tamara Carrasco. Con respecto a la situación de los detenidos, ha explicado que, según la ley, en principio han de pasado a disposición judicial en un máximo de 72 horas después de la detención pero también ha añadido que este plazo se podría prorrogar hasta 5 días en caso de que se aplique un precepto antiterrorista. Una decisión que, según ha dicho, todavía no se les ha comunicado.