Judicial
El Supremo avala por unanimidad la exhumación de Franco del Valle de los Caídos
El alto tribunal rechaza en su totalidad el recurso de la familia del dictador y da luz verde a la decisión del gobierno español
La sección cuarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo ha avalado la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y el traslado de los restos al cementerio del Pardo (Madrid). Según han informado fuentes jurídicas, los seis magistrados han rechazado por unanimidad durante la deliberación de este martes por la mañana el recurso de la familia del dictador contra la decisión del ejecutivo español de llevarlo a la cripta donde está enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo, en el Pardo. Los siete nietos de Franco insistían en llevarla a la cripta de la Catedral de Almudena, situada a pie de calle y en pleno centro de la capital, donde ya está enterrada su hija, Carmen Franco Polo. La sala presidida por Jorge Rodríguez Zapata ha tomado la decisión en una hora y, así, da luz verde a la decisión del ejecutivo español.
El Tribunal Supremo sólo ha detallado la decisión tomada por los seis magistrados Rodríguez Zapata, Segundo Menéndez, Celsa Pico, Pilar Teso, José Luis Requero y Pablo Lucas -poniendo de la sentencia- pero todavía no ha hecho público el contenido de la deliberación y los argumentos que esgrimen.
En la deliberación de este martes el alto tribunal se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión y avala la exhumación en cumplimiento de la ley de memoria Histórica después de que la paralizara cautelarmente a principios de junio, a pocos días de la fecha prevista para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
El ejecutivo de Pedro Sánchez fijó en marzo como fecha para reinhumar al dictador en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, el 10 de junio. La familia de Franco recurrió la decisión y ahora el Supremo lo desestima y avala el decreto del gobierno español.
Así pues, el ejecutivo español podrá poner punto final a un proceso administrativo largo que se inició el 24 de agosto del año pasado, poco después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa después de ganar la moción de censura. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha adelantado que intentarán exhumarlo «cuanto antes mejor».
Recursos pendientes
Ahora habrá que ver qué pasa con la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suspendió cautelarmente la licencia de obras para sacar el cuerpo del dictador del mausoleo por el recurso de un particular que alegaba que la exhumación generaba problemas de seguridad de las obras para levantar las losas de la sepultura de Franco. Todavía está pendiente de que el titular del contencioso-administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, se pronuncie sobre la cuestión.
Aparte, el Supremo también tendrá que pronunciarse más adelante sobre los recursos de la Fundación Francisco Franco, la Asociación de la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina, que resolverán en línea con la decisión que han tomado, sobre la petición de los familiares de Franco.
La familia recurrirá la decisión
El abogado de la familia de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ha anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Tribunal Supremo (TS) de avalar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y el traslado de los restos en el Pardo. En una entrevista en TVE, Utrera-Molina ha defendido que no se pueden vulnerar los derechos humanos por el hecho de llamarse Franco de apellido y ha avisado de que la intención es «luchar hasta el final» llegando, si hace falta, en el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. «Un gobierno está prohibiendo a una familia enterrar a uno de sus miembros allí donde establezca conveniente», ha añadido.
El abogado de la familia ha considerado que los restos de Franco no tendrían que estar en el Pardo, ya que es de titularidad pública, sino que tendría que estar en una sepultura privada de la familia. Y en este sentido, ha considerado que no se está cumpliendo el decreto porque, según ha dicho, establece que el gobierno español sólo puede decidir el lugar en caso de silencio o discrepancias de los familiares. Y si alguna cosa ha conseguido este caso es que la familia esté lo más unida posible, según ha asegurado el abogado.