El Consejo de Europa investigará cómo España y Turquía utilizan la justicia contra los políticos

El ponente de un informe del Consejo de Europa (CoE, para|por sus siglas en inglés) sobre políticos encarcelados de Europa investigará «sobre el terreno» la situación de los presos independentistas catalanes. El diputado socialista letón, Boriss Cilevics, visitará Madrid y Barcelona para realizar el informe que incluirá la situación en España y Turquía, según ha confirmado la organización. En un documento preliminar, Cilevics se pregunta si se puede condenar con «largas penas de prisión» a los líderes independentistas por organizar un referéndum. Si bien reconoce que el caso es probable que acabe en manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el ponente asegura que «no «dudará» a la hora de señalar problemas sistemáticos» como lo que podría haber en España.

Este futuro informe sobre el estado español y el turco fue impulsado por un grupo de una veintena de diputados del CoE el pasado enero, pero fuentes de la organización recuerdan que el texto con las conclusiones del ponente tendrá que ser aprobado por los miembros de la Asamblea.

Así, Cilevics tendrá que presentar el informe final que incluya una «resolución o recomendación» al comité de Derechos Humanos, que podrá presentar enmiendas al texto antes de que sea votado. «No hay fecha prevista para la presentación del informe», ha aclarado la organización.

El Consejo de Europa es una organización centrada en la defensa de los derechos humanos que agrupa 47 estados europeos y tiene sede en Estrasburgo.

Dudas sobre los presos

En su informe preliminar, el ponente encargado de estudiar la situación de los políticos presos a España y Turquía apunta que las manifestaciones en torno al 1 de octubre fueron pacíficas y que la organización del referéndum no puede ser penada. Por eso, duda si el caso del 1-O que lleva el Tribunal Supremo se basa en una «interpretación impredecible de la ley» que «penalizaría la organización de demostraciones pacíficas» en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos.

«Las denuncias de violaciones del derecho de defensa, imposición injusta de la prisión preventiva y dudas sobre la neutralidad de los tribunales que tratan los casos de los políticos catalanes también podrían ser relevantes», destaca al socialista lituano.

El ponente defiende que «España es una democracia viva con una cultura de debate público libre y abierto», pero se pregunta si la organización de un referéndum puede ser castigada con el código penal.

«¿El ejercicio de un derecho constitucional puede constituir un delito castigado con largas penas de prisión como las solicitadas contra los políticos catalanes en España?», plantea el ponente.

Desde el Consejo de Europa recuerdan que este documento preliminar es «sólo del ponente» y no puede ser atribuido a la organización porque no ha sido validado por su Asamblea.