Juicio 1-O: Las claves de una sentencia que influirá en otras causas

Después de 4 meses, el juicio del 1-O quedó visto para sentencia el 12 de junio. A partir de aquella fecha, los siete magistrados que forman el tribunal empezaron a trabajar en la sentencia. Manuel Marchena es el presidente y ponente, y durante estos meses ha trabajado para buscar un dictamen unánime con el resto de magistrados para una sentencia que influirá en otras causas abiertas relacionadas con el 1-O. Sobre la mesa, las declaraciones de los 12 acusados y de 422 testigos, que junto con los peritos y las pruebas documentales es el material con el qué los siete miembros del tribunal ultiman una sentencia en la que tendrán que responder a cuestiones clave. ¿Hubo violencia o el movimiento fue pacífico? ¿El otoño del 2017 hubo un golpe de estado como afirma la fiscalía? ¿Qué cuerpo policial cumplió con la instrucción del 1-O? ¿Qué papel tuvieron los Jordis el 20-S? Las respuestas llegarán en una sentencia que todavía no se sabe cuando se hará pública.

Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer son los nombres de los siete magistrados que juzgaron a los 12 acusados de febrero en junio y que, desde entonces, han trabajado en la sentencia. El objetivo de Marchena es conseguir la unanimidad. Será una sentencia del alto tribunal español que influirá en la multitud de causas abiertas por los mismos hechos en instancias inferiores, ya sea en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), o juzgados de instrucción.

Los cuatro meses de juicio no sirvieron para que las acusaciones hicieran ningún cambio en sus peticiones de pena. La fiscalía mantiene la rebelión y la pena más alta que pide es los 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras. Mientras tanto, la abogacía del Estado mantiene su discrepancia con la fiscalía y acusa por sedición, con penas que llegan hasta los 12 años de prisión. La acusación popular de Vox es quien pide las penas más altas, de hasta 74 años de prisión, acusando por rebelión y organización criminal.

¿Fue un golpe de estado?

La presencia o no de violencia en los hechos del otoño del 2017 fue un debate central en las sesiones del juicio. La fiscalía defiende que existió para justificar la petición de condena por el delito de rebelión, que requiere que haya un alzamiento «violento y público». En sus conclusiones finales, el ministerio público argumentó que «el carácter violento del alzamiento no implica la violencia grave ni armada, que «no hacen falta armas y militares», y que se hizo uso de la «violencia cuando hizo falta». De hecho, calificó los hechos de «golpe de estado» y de «periodo insurreccional», expresiones que habrá que ver si el tribunal hace suyas o no.

Por el contrario, la abogacía del Estado pide una condena por sedición, que penaliza un «alzamiento público y tumultuario». Para esta acusación, el uso de la violencia no fue un «elemento estructural del plan llevado a cabo de los acusados para conseguir sus fines». El tribunal tendrá que determinar si hubo o no violencia, tumulto o los acusados actuaron en todo momento desde el «carácter pacífico» del movimiento independentista catalán, como defendieron sus abogados a lo largo de todo el proceso.

El papel de las policías

Aunque el juicio a la cúpula de los Mossos y del Departament d'Interior el otoño del 2017 empezará en enero del 2020 en la Audiencia Nacional, el papel de la policía catalana durante aquellas semanas fue central en el juicio del Supremo. Varios comisarios de los Mossos, incluido el major Josep Lluís Trapero, pasaron por la sala como testigos y las acusaciones incidieron en los avisos de la prefectura a los máximos responsables del Govern en reuniones días antes del 1-O, pero también en la actitud de «pasividad» de los agentes ante los centros de votación.

En cambio, las defensas, en especial la del exconseller de Interior Joaquim Forn, rebatieron las acusaciones argumentando que los Mossos cumplieron con la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para impedir el referéndum «sin afectar a la normal convivencia ciudadana», y poniendo en cuestión la actuación de los cuerpos estatales. El papel que el Tribunal Supremo otorgue a la policía catalana en la sentencia podrá influir en el juicio de la Audiencia Nacional.

Entre los testigos, sin embargo, también hubo mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además de altos responsables del Ministerio del Interior, a quién las defensas cuestionaron su papel durante el 1-O y las cargas policiales que se vivieron aquellos días. Lo que diga el Supremo también puede ser determinante en las investigaciones abiertas en Cataluña contra la actuación de los cuerpos estatales, entre las cuales la que se instruye en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona.

El 20-S y la actuación de los Jordis

Los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron los primeros que ingresaron en prisión por los hechos del otoño del 2017, en su caso por el papel que tuvieron durante la concentración delante de el Departament d'Economia durante el registro de la Guardia Civil del 20 de septiembre. Las acusaciones argumentan que con su actitud impidieron la acción de la justicia y de la Guardia Civil. Uno de los testigos más esperados sobre aquella jornada fue el de la letrada del juzgado de instrucción número 13 y su relato sobre como la vivió. Sànchez y Cuixart defendieron su papel para garantizar el derecho de movilización de los ciudadanos y facilitar, al mismo tiempo, la diligencia judicial.

Los registros del 20-S

El tribunal también tendrá que determinar qué valor da a algunas de las pruebas que fueron clave durante la instrucción que hizo el magistrado a Pablo Llarena, que fueron utilizadas por las acusaciones y que determinan en parte el caso del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Es el caso de dos documentos que la Guardia Civil atribuye a los registros del 20-S. La agenda Moleskine atribuida al exsecretario general de Economia, Josep Maria Jové (que tiene una investigación abierta en el TSJC), y el documento Enfocats, que ninguno de los acusados ha reconocido haber visto con anterioridad.

Forcadell y el resto de la Mesa

Los siete magistrados también tendrán que dar respuesta al papel de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en los hechos del otoño del 2017. Forcadell está acusada por rebelión por la fiscalía y sedición por la abogacía del Estado para permitir el debate y votación en el Pleno de las leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre, mientras que los otros miembros de la Mesa se enfrentarán a un juicio por desobediencia al TSJC. La defensa de Forcadell puso sobre la mesa esta diferencia durante el juicio y la misma expresidenta acusó de estar siendo juzgada por «ser quien es».

¿Hay vulneración de derechos fundamentales?

En la sentencia, el tribunal también tendrá que dar respuesta a los planteamientos de vulneración de derechos fundamentales que hicieron las defensas en el trámite de cuestiones previas, justo al inicio del juicio. Los abogados de los acusados argumentaron vulneraciones de derechos como el de libertad ideológico, libertad de expresión, manifestación, tutela judicial efectiva o juez imparcial. También del derecho a la defensa o a un juicio con todas las garantías, y remarcaron que el procedimiento atentaba contra la «disidencia política».

¿Se malversaron 3 MEUR?

Los magistrados también tendrá que determinar si los acusados cometieron un delito de malversación. La fiscalía sostiene que se desviaron 3 MEUR de fondo públicos para pagar el 1-O y habla de «coautoría conjunta» de los miembros del Govern. Por su parte, la abogacía del Estado considera que los importes «acreditados» durante el juicio son «mínimos», ya que aprecia una malversación «continuada» y «generalizada».

Las acusaciones han aportado pruebas y testigos sobre los encargos a Unipost, la cartelería del referéndum, páginas web, la campaña Civisme, el anuncio de las vías del tren, los visitantes internacionales o el valor de los edificios públicos utilizados el 1-O para intentar demostrar este delito y que ahora están en la mesa del tribunal para determinar si se hizo uso de fondo públicos o bien, como aseguran las defensas, no hubo malversación.

Desobediencia y organización criminal

Otro delito al qué se enfrentan algunos de los acusados es el de desobediencia a los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC). Es el caso de los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para quienes también se piden penas por malversación de fondos públicos. Además, todos los acusados se enfrentan a la acusación de organización criminal que hace la acusación popular ejercida por Vox.

El tiempo de cumplimiento de pena

Al final del juicio, la fiscalía pidió al tribunal la aplicación de un artículo del código penal que establece que los condenados no puedan acceder al tercer grado hasta que haya cumplido la mitad de la pena. Los siete magistrados tendrán que decidir si aceptan esta petición del ministerio público. El tiempo de prisión preventiva que ya hayan cumplido los 12 acusados computará ya como pena cumplida. Los que más tiempo llevan en prisión son Sànchez y Cuixart, que cumplirán dos años sin salir de prisión el 16 de octubre. Durante todo el proceso, los presos han estado etapas en prisiones madrileñas y otras en catalanas, donde están ahora. La previsión es que cumplan condena en centros penitenciarios catalanes.