El presidente del tribunal que ha juzgado a los líderes independentistas, Manuel Marchena, se ha mostrado este sábado disgustado por las filtraciones de la sentencia. «Es una pena, pero en una sentencia que pasa por doce personas no se pueden evitar», ha admitido Marchena, en una conversación con periodistas durante la recepción del día de la hispanidad en el Palacio Real de Madrid. El juez no ha querido confirmar las informaciones que prevén una condena porsedición y malversación pero no por rebelión, porque «una sentencia no está acabada hasta que el último magistrado la firma», hasta el «último minuto». «No puedo confirmar una filtración, sería una insensatez», ha advertido Marchena, que confía hacer público elveredicto este lunes o martes.
El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que comparecerá públicamente para valorar la sentencia, este lunes o martes. Sánchez ha asegurado que todavía no conoce el veredicto del Supremo y que no puede opinar. «Hemos previsto todos los escenarios posibles» de reacción de los independentistas a la sentencia, ha explicado el presidente español, que ha valorado como «muy positiva» la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra y ha advertido que «se garantizará el derecho de manifestación, pero también los derechos de los que no se quieren manifestar». Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña «actuarán con proporcionalidad, según el escenario, y con firmeza democrática», ha avisado Sánchez, también durante la recepción del rey Felipe con motivo del 12-O. «Creo que desde el 2017 todos hemos aprendido y las instituciones catalanas también», ha añadido Sánchez.
También el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elogiado la «muy buena» coordinación con los Mossos d'Esquadra y ha pedido «cautela», aunque no teme que se produzcan disturbios. «Espero que en Cataluña se acate la resolución dictada por el más alto tribunal, estamos en un estado de derecho con estándares democráticos de primer orden», ha recordado. La portavoz del gobierno español en funciones, Isabel Celaá, ha lamentado, como Marchena, las filtraciones y ha insistido en que en un estado de derecho las sentencias judiciales tienen que ser acatadas.
