JxCat, ERC y CUP pactan que el Parlament «reitere» la defensa de la autodeterminación

Primer acuerdo de los grupos independentistas después de la sentencia del Supremo al caso del 1-O. JxCat, ERC y CUP han pactado e impulsado una propuesta de resolución para que el pleno del Parlament insista en la defensa de la autodeterminación y la soberanía de Catalunya, y los reproches a Felipe VI, extremos que el Tribunal Constitucional ha anulado cada vez que se han aprobado en la cámara y que ha advertido que no se tendrían que tratar de nuevo. Así, el texto entrado conjuntamente al registro para que se tramite avisa de que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político».

El mismo texto pactado por los independentistas considera que «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas de debate al Parlament de Catalunya, no hay ninguna opción más que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados; sin fisuras». «Porque si la censura entra en el Parlament de Catalunya, se desvirtúa el sentido de la institución», insiste. En este sentido, también denuncia «la censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer en el Parlament de Catalunya, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara», y reivindica «el derecho de los diputados a poder debatir sobre todos los asuntos que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho a la autodeterminación, la monarquía o la soberanía».

De la misma manera, la propuesta de resolución quiere que el Parlament inste al Gobierno a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el Estado.»

Los independentistas aprovechan también el texto para «rechazar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo», «exigir la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión», y expresar «indignación ante una sentencia injusta que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado que afecta al conjunto de los demócratas, no sólo a los independentistas».

En este mismo sentido, califica «de escándalo democrático» que «se haya condenado a once años y medio de prisión a la presidenta Carme Forcadell por haber permitido que en el Parlament de Catalunya se pudiera hablar de todo», y afirma «el carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista, tal como ha demostrado en las múltiples movilizaciones llevadas a cabo durante la última década».

La propuesta de resolución también avisa que la sentencia supone «un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta, como por ejemplo el paro de un desahucio, la ocupación de un CAP o el corte de una calle por una manifestación, podrían convertirse en delito de sedición». E igualmente aprovecha para denunciar que el Estado «está imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política, persiguiendo con penas de prisión el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de opinión y de manifestación, tal como se demuestra con múltiples casos de cantantes, titiriteros, sindicalistas o activistas por el derecho a la vivienda de diferentes lugares del Estado».

Los matices de la CUP

Una vez presentada la propuesta de resolución, la CUP ha querido matizar su posicionamiento y explicar que han presentado conjuntamente el texto «entendiendo que se requería un posicionamiento por parte del Parlament de Catalunya ante la situación de excepcionalidad democrática que vive Catalunya», a pesar de considerar que «el contenido no aborda aquellos aspectos que para la formación son claves ante el momento político actual». Por eso, la formación reivindica que esta propuesta «no tiene que servir de cortina de humo para tapar la falta de acción política del Gobierno, la falta de liderazgo político institucional y su subordinación y complicidad con el operativo policial que estas semanas ha provocado centenares de heridos, muchos de ellos de gravedad, contra la respuesta popular a la sentencia del Supremo». «El Gobierno de la Generalitat no sólo no ha sido a la altura, sino que ha ayudado al Estado a la represión policial y judicial que hemos vivido estos días», ha añadido la formación.