El TSJC juzga el lunes a Torra por supuesta desobediencia a la JEC con los lazos amarillos de la Generalitat

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto juzgar este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, o subsidiariamente uno de denegación de auxilio, al no acatar inicialmente la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta con un lazo amarillo y a favor de los políticos tomados del balcón del Palau de la Generalitat a raíz de la convocatoria de elecciones generales el marzo pasado. La fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación, mientras que la acusación popular, ejercida por Vox, pide dos años de inhabilitación. Es la primera vez desde el restablecimiento de la democracia que un presidente de la Generalitat en activo será juzgado.

Torra será juzgado por no haber atendido el orden de la JEC de retirar de la fachada de la Generalitat la pancarta en apoyo a los «presos y exiliados» con un lazo amarillo en periodo electoral. Después de uno estira y encoge, Torra cambió la pancarta por otra con un lazo blanco, en vez de amarillo, y posteriormente se puso una pancarta en favor de la libertad de expresión.

Según el magistrado instructor, Carlos Ramos, Torra tuvo una «voluntad obstativa» con respecto a las resoluciones de la JEC y recuerda los diferentes episodios de la polémica, como la sustitución de la pancarta inicial por otra, el cambio del color del lazo o el requerimiento del presidente al Síndic de Greuges para que se pronunciara sobre la materia. Lo que Torra pretendió sustituyendo unos símbolos por otros, apunta, fue «persistir en la desobediencia». Los acuerdos de la JEC, dice Ramos, «no pueden tildarse de contradictorios entre sí» y son «claros concretos y terminantes». «Son mandatos complementarios exigidos por la clara voluntad obstativa» de Torra, insiste.

Con respecto a la competencia de la Junta Electoral, el magistrado cree que en asuntos electorales Torra no puede invocar una «pretendida autonomía del presidente de la Generalitat como autoridad del Estado, y menos en un periodo electoral de unas elecciones generales y después europeas». «El con respecto a las competencias autonómicas en materia electoral de lo que parte la Ley de Régimen Electoral sólo hace referencia a la posibilidad de que las comunidades aprueben su propia legislación electoral para regular sus elecciones», continúa el magistrado, que recuerda que Cataluña no tiene ley electoral propia y, por lo tanto, «el único organismo competente para resolver las quejas electorales relativas al territorio de Cataluña es la JEC».

Subraya también que los lazos amarillos son símbolos «considerados propios de unos partidos políticos», por lo tanto «partidistas», y no se pueden exhibir por parte de las administraciones en periodo electoral «sin infringir gravemente su deber de objetividad y neutralidad».

En respuesta a un recurso, el TSJC rechazó que se cuestione la imparcialidad de la JEC, de quien no ve «discutible» que sus acuerdos son «ejecutivos y de obligado acatamiento». Además, reprochó a Torra, que alegaba «intencionalidad política» por parte de los miembros de la JEC, que cuestione la imparcialidad de este organismo «a posteriori de la emisión de sus mandamientos», que tomó un «órgano colegiado», y recordó que no hizo este cuestionamiento en las reclamaciones y aclaraciones que presentó Torra ante la JEC.

Peticiones de fiscalía y Vox

Por su parte, la fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. La fiscalía pide la multa pero también la inhabilitación durante un año y ocho meses para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno de cualquier tipo. La inhabilitación comportaría también la privación de estos trabajos o cargos pero también de los honores que llevan aparejados.

El fiscal constata que Torra decidió desatender la primera instrucción de la JEC a pesar de su «claridad», presentando un escrito de reconsideración «aparentemente improcedente» porque la resolución era firme. Asimismo, «desatendió abiertamente» un segundo pronunciamiento y «evidenció su menosprecio|desprecio a acatar la orden» sustituyendo la pancarta con el lazo amarillo por otra igual con un lazo blanco.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal argumenta que Torra decidió desatender la primera instrucción de la JEC «a pesar de ser conocedor que la misma era firme en vía administrativa y que tenía que proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento». Antes de que venciera el plazo, apunta que presentó un escrito donde pedía una reconsideración, a pesar de saber que era una decisión firme. A pesar de eso, la JEC lo atendió y anunció que tomaría una nueva decisión días después. La fiscalía observación en este punto que Torra manifestó en una aparición pública en Tarragona que se negaba a retirar los símbolos del Palau de la Generalitat.

Después de que la JEC lo volviera a instar a retirar los lazos amarillos y lo avisara de que podría tener consecuencias administrativas y penales si no lo hacía, Torra presentó un nuevo escrito pidiendo la suspensión del acuerdo apuntando que esperaba conocer la opinión del Síndic de Greuges. El fiscal remarca que la opinión de Rafael Ribó, en este caso, «resultaba intranscendente cuando no inútil». Además, apunta que Torra la tuvo ya días antes y que la recomendación era atender el requerimiento de la JEC.

La junta, igualmente, respondió a Torra que no suspendía el acuerdo. El Govern confirmó a los medios que no retiraría los símbolos, continúa la fiscalía, con una nota de prensa donde apuntaba que no se había dado ninguna orden como la que exigía la JEC. Finalmente, remarca que el 21 de marzo, «evidenciando el desprecio a acatar el orden», sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo «por otra idéntica con el lazo en color blanco». la JEC hizo un requerimiento entonces al conseller de Interior, Miquel Buch, para que los Mossos d'Esquadra descolgaran todos los símbolos, vista la «contumacia» que había demostrado el presidente de la Generalitat.

Por su parte, Vox pide dos años de inhabilitación y 72.000 euros de multa para Torra, por|para un delito de desobediencia o subsidiariamente por|para un delito de denegación de auxilio. El partido de ultraderecha destaca «la obstinación» de Torra a la hora de incumplir la legalidad, «tanto por la utilización reiterada de simbología partidista asociada al movimiento político separatista» en edificios públicos, como por la «desatención de las resoluciones claras y expresas» de la Junta Electoral.

Torra se defiende

En su declaración ante el juez el 15 de mayo, Torra alegó que no hizo caso a la Junta Electoral para retirar el lazo amarillo y la pancarta a favor de los políticos encarcelados y exiliados para proteger la libertad de expresión. En su declaración, que duró poco menos de 40 minutos, Torra también hizo referencia a los derechos civiles y políticos para justificar su decisión. El presidente respondió al fiscal, pero se negó a responder a la acusación popular de Vox por «decencia democrática».

«Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos», manifestó al presidente. Además, Torra asumió como propias todas las decisiones sobre esta cuestión e insiste en que «la última responsabilidad» es suya. Por otra parte, señalaba una operación de PP y Cs para llevarlo ante los tribunales. Según el presidente catalán, el orden de la JEC era «manifiestamente ilegal» y estaba dictada por un órgano no competente que no es una autoridad superior a él. «Si se hubiera tenido que cumplir, implicaba competencias de las que yo no disponía», añadía delante el tribunal.

Torra aseguró ante el magistrado instructor que hubo una «operación» desde el primer momento para que él acabara ante la justicia. «Por eso miembros afines en el PP y Cs instigaron esta denuncia, por eso Sdad aquí. Todo eso ha sido un procedimiento con ambigüedades que me han producido una indefensión absoluta de imposible cumplimiento», argumentó.

De hecho, según el presidente catalán, si hubiera llegado a cumplir la orden «absolutamente nula y emitida por un tribunal incompetente» se hubiera situado «en riesgo de prevaricar». «Todo se ha basado en si yo prevaricaba o desobedecía y yo siempre estaré al lado de la defensa de los derechos humanos», concluyó.

En su declaración, Torra se presentó como máximo responsable de las decisiones que se tomaron con respecto a la polémica orden de la JEC. «Todas las decisiones que se tomaron en aquel momento fueron mías. La última responsabilidad fue mía. La decisión de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía», insistió. En este mismo sentido, aseguró que él también es el responsable de «cambiar la pancarta para seguir poniendo lo mismo a través de un pequeño cambio».

En una declaración oficial en el Palau de la Generalitat después de ser interrogado en el juzgado, Torra dijo que «no se puede obedecer una orden injusta e ilegal que conculca derechos fundamentales». El presidente avisó de que no desfallecerá «nunca» en la conquista de libertades, y que pagará el precio «que haga falta» si la democracia española no lo aguanta.

Instrucción rápida pero con vicisitudes

La instrucción de la causa ha sido bastante rápida, ya que las primeras órdenes de la JEC llegaron a principios de marzo, y a principios de abril, la fiscalía y Vox ya se querellaron contra Torra. El 15 de mayo fue la declaración de Torra en el TSJC, y en julio se dio por concluida la instrucción. No obstante, Torra intentó recusar al magistrado instructor por su actitud «claramente prejutjadora» en su auto de procesamiento. A su parecer, «lo mueve un especial interés» que el presidente «se siente en el banquillo de los acusados». Cita algunos de los extractos de la resolución y concluye que estas manifestaciones «rotundas y de evidente culpabilidad reflejan en toda su intensidad la posición ya asumida por parte del instructor», lo que denota una «absoluta falta de imparcialidad objetiva» y un atentado a la presunción de inocencia. La recusación fue desestimada.

El 2 de septiembre, el tribunal fijó para el 25 y 26 del mismo mes el juicio. Por aquellos dos días estaba previsto celebrar en el Parlament el debate de política general, y Torra dijo que no asistiría a la vista oral. Aun así, el juicio se podía celebrar porque la pena permite juzgarlo sin su presencia. No obstante, Torra también recusó dos de los tres miembros del tribunal que lo tenía que juzgar, el presidente, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, poniendo del juicio. El escrito argumentaba que Barrientos «ha posicionado sobre los presos políticos, sobre la supuesta neutralidad de los espacios públicos, sobre los lazos amarillos, sobre la resolución de la JEC e incluso sobre la ideología y posicionamiento político» del presidente de la Generalitat. «Es difícil imaginar una mayor falta de imparcialidad que la que concurre en el recusado», concluía.

La petición de recusación también recordaba que Barrientos abandonó un acto porque el presidente del Parlamento, Roger Torrent, habló de presos políticos, e ironizaba sobre si ahora también abandonará la sala cuando se hable durante el juicio, o bien «silenciará o expulsará a los letrados defensores». Si Barrientos preside el juicio, acababa, «este sólo servirá para alterar y adulterar la realidad política catalana, pero nunca resistirá ni el paso del tiempo ni el peso de los recursos». El incidente de recusación daba otro argumento para apartar Barrientos, con el argumento que participó en el acto de admisión a trámite de la querella, lo que ya denota, según la defensa, un posicionamiento previo sobre los hechos.

De hecho, Torra también recusó el magistrado que tenía que decidir sobre la recusación de Barrientos i Armas, Carlos Ramos, que había sido el instructor y a quien Torra también había intentado recusar. Ramos rechazó su recusación y también propuso que se rechazara la recusación de los otros dos magistrados. Todo eso hizo que el tribunal finalmente no tuviera tiempo de resolver las recusaciones y se pospuso la fecha hasta este 18 de noviembre. Días después el TSJC rechazó las nuevas recusaciones y confirmó a los magistrados.

Entidades soberanistas acompañarán Torra en el TSJC

El juicio está previsto que empiece a las 9 de la mañana de este lunes. A las 8.30 horas, Torra, acompañado de miembros del Gobierno, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis, entre otros, hará el recorrido a pie desde el Arc de Triomf hasta las escaleras de entrada en el Palacio de Justicia.

El juicio empezará con las cuestiones previas y la declaración de Torra, que previsiblemente responderá a su abogado, Gonzalo Boye, y en la fiscalía, pero no en Vox. A partir de las diez y hasta la una del mediodía están citados como testigos cinco policías nacionales, dos de ellos por videoconferencia, además del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra en el momento de los hechos, Miquel Esquius. La sesión está prevista que se reanude a las 4 de la tarde, con la testifical del portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, la delegada del gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera, la portavoz del Govern en el momento de los hechos, Elsa Artadi, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Está previsto que el último testigo , citado a las 17.20 horas, sea el conseller de Interior, Miquel Buch.